El Ejecutivo se volvió una pared donde se han estrellado las propuestas de los asambleístas para mejorar Ley de Educación Superior y el Código Territorial.
Esa es el principal inquietud que asalta a los legisladores de Alianza País, pocas horas antes de su reunión con el presidente Rafael Correa para analizar su objeción a la Ley de Servicio Público.El lunes pasado, el Mandatario impuso su fuerza para que sean aceptadas sus tesis sobre la ley de universidades y en el Código Territorial. En la primera, por ejemplo, se descartó la universidad para Santo Domingo de Tsáchilas, aunque esa era una aspiración de sus legisladores y contaban con más de 70 000 firmas que apoyaban la creación de ese centro.
En el caso del Código Territorial ocurrió lo mismo. Eso causó que el asambleísta Virgilio Hernández anunciara que buscaría el apoyo de otras bancadas para insistir en por lo menos ocho puntos de la propuesta aprobada por la Asamblea Nacional.
En el veto a la Ley de Servicio Público, las cosas pudieran ser distintas. En la bancada de Alianza País hay voces que señalan que existen errores de fondo, que violan la Constitución.
Por ejemplo, están en contra de que los servidores públicos deban presentar su renuncia a los 65 años y que esas indemnizaciones sean pagadas con bonos del Estado. Carlos Samaniego, miembro de la Comisión que redactó esa ley, aseguró que dar paso a esa intención del Ejecutivo sería atentar contra las conquistas históricas de los trabajadores.
Además, se perjudica a la autonomía laboral de entidades como la Contraloría y la Procuraduría del Estado, que estarían subordinadas a un superpoderoso Ministerio de Trabajo. Además, afectaría a las leyes especiales para funcionarios como los del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Estos puntos y otros del veto también fueron rechazados por la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea. El equipo legislativo pidió rechazar la propuesta de Correa en 32 artículos, tres disposiciones generales, tres disposiciones transitorias y una derogatoria.
Ese paquete de artículos será llevado hoy a la reunión en el Palacio de Gobierno. La cita tiene previsto empezar a las 16:00 y se anunció que durará dos horas.
La Federación Nacional de Servidores Públicos estará atenta al encuentro entre los representantes de Alianza País. Su presidente, Miguel García, dijo que los resultados de esa cita pudieran ser el detonante de una protesta a escala nacional; pues asegura serían afectados 200 000 servidores.
García aseguró que esperan la decisión de Alianza País, porque el peso que tiene este movimiento dentro de la Asamblea es fundamental para definir si se allanan al veto presidencial o lo rechazan.
El bloque oficialista tiene 56 de los 124 integrantes de la Legislatura. Y para ratificarse en el texto aprobado por la Asamblea se requieren 83 votos, es decir del apoyo de Alianza País.
La Asociación de Municipalidades del Ecuador también presentó su propuesta para que no se acepte el veto en el artículo que faculta a los gobiernos autónomos descentralizados para mantener su autonomía política, administrativa y financiera.
Este planteamiento, explicó la Asociación, comprende “el derecho y la capacidad de los niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos propios de gobierno, en sus respectivas circunscripciones territoriales”.
La Senplades ratifica su tesis
El titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), René Ramírez, aseguró que el Ejecutivo no está dispuesto a ceder en los planteamientos del veto a la Ley de Educación Superior.
Aunque adelantó que se están revisando las propuestas de las universidades, que enviaron en un adéndum para que el Presidente las revisara e incluyera en sus objeciones. “No estoy seguro de que pueda hacerse un adéndum. No creo que sea legal”, dijo.
A su criterio, en la normativa se establecen parámetros internacionales de cómo debería ser la formación universitaria. Por ello, espera que el texto legal se apruebe en la Asamblea tal y como fue enviado por el Régimen.
Aunque en la reunión que mantuvo el Bloque de País con el Jefe de Estado, el lunes pasado, ya se acordó que los legisladores solamente insistirán en un tema de la ley original, relacionada con las becas universitarias.
El Secretario de Senplades también aclaró que es vital que los profesores de planta tengan títulos de cuarto nivel o doctorados, y que esto no se cambiará. Este ha sido uno de los tema que más polémica despertó en las universidades.
Ayer, Ramírez informó que como parte de esta nueva visión de lo que es la educación superior, se acordó crear en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), un organismo que se encargue de la evaluación y seguimiento de la formación en las universidades del cono sur. “Será similar al Conea ecuatoriano y esto permitirá avanzar en la homologación de los títulos en los países miembros de la Unasur”, manifestó.
En la Ley de Educación Superior se estableció la unificación de los diplomas universitarios en todos los países del mundo. Ahora, con este acuerdo en Unasur se podrá viabilizar la propuesta legal.
