7 de February de 2011 00:00

Veeduría de Correa laboró 18 meses

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La sorpresiva aparición de Fabricio Correa, hermano del Presidente, en dos canales de televisión, a mediados de junio del 2010, fue un punto de inflexión entre los miembros de la Veeduría Ciudadana, que lo investigaban por sus contratos con el Gobierno.

Correa declaró sin inmutarse que aún tenía contratos con el Gobierno en el proyecto multipropósito Baba, concesionado a la empresa brasileña OAS, y en la construcción de la planta de almacenamiento de gas en Monteverde, con la firma china Shi Asia.

Luego, fue entrevistado en Ecuavisa el coordinador de la Veeduría Pablo Chambers, quien por primera vez reveló que las investigaciones preliminares arrojaban un estimado de USD 600 millones de contratos entregados por el Gobierno a Correa.

Esas declaraciones molestaron a dos miembros de la Veeduría, Diego Jaramillo Cordero –primo del Presidente de la Asamblea- y a Jackeline Estupiñán, quienes los siguientes días renunciaron, aduciendo que las cifras no eran correctas, aunque existían los documentos que lo sustentaban.

Esas no fueron las primeras bajas. En los primeros meses (a fines del 2009) también dejaron el organismo el sindicalista Diego Cano y Edmundo Vera, hermano de Carlos Vera. Ambos renunciaron para evitar que el Gobierno descalifique a los veedores, acusándolos de parcializados.

La Veeduría empezó su trabajo en julio del 2009 con 10 miembros, designados por sorteo en el Consejo de Participación Ciudadana, por pedido del Presidente de la República.

Una de las primeras decisiones que tomó la Veeduría fue el cambio de su objeto. El ámbito de su investigación estaba delimitado a la vigilancia de la nulidad de los contratos de las empresas de Correa con el Estado, que ya se conocían por denuncias de la prensa.

“Consideramos que se nos estaba entregando un paquete para santificarlo, era una cancha que nos trazaron –de los USD 80 millones- para jugar”, cuenta Chambers. Para ir más allá, reformaron su objeto y así poder investigar los contratos entregados a las firmas relacionadas con el hermano del Presidente, desde el 2007.

Pese a todos los ofrecimientos de apoyo, el Consejo de Participación nunca entregó un solo centavo para el trabajo de la Veeduría, se limitó a facilitarles una oficina en sus dependencias. Ninguno de los veedores recibió remuneración y, por el contrario, debieron poner de su bolsillo para adquirir equipos, sacar copias, movilizarse' Gastaron USD 3 600.

Para avanzar con su trabajo se reunían dos veces por semana, entre las 17:00 y las 20:00.

La primera señal que les mostró la magnitud de lo que estaba por venir fue la respuesta a un primer oficio que enviaron a las entidades públicas, solicitándoles el envío de todos los contratos entregados a las empresas relacionadas con Correa. Los convenios sumaban cerca de USD 1 300 millones, USD 876 solo en Petroecuador. El mayor escollo fue la falta de respuestas de las superintendencias de Compañías y Bancos. Esa información era vital para cruzar los datos de los contratos con el historial de las empresas y sus movimientos financieros. Tampoco contestaron la Policía de Migración ni la CFN, que tardó ocho meses para enviarles el documento con el préstamo otorgado a Megamaq, que a su vez era propietaria de las empresas panameñas adquiridas por Correa.

Durante la investigación, los veedores llamaron a varios empleados y ex funcionarios para que rindan su versión, así como a Fabricio Correa, quien se negó a acudir. Solo asistieron cuatro funcionarios, entre ellos el ex ministro de Obas Públicas, Jorge Marún, en diciembre del 2009. Su declaración, aunque escueta, fue clave, pues confirmó que todos los procesos (incluidos los contratos entregados a las empresas de Correa) que tenían que ver con declaratorias de emergencia fueron notificados a la Presidencia de la República.

Este cabo se ató con otro, que se basa en las declaraciones que dio el presidente Rafael Correa en una entrevista en Canal Uno, a mediados del 2009, a pocos días de que estallara el escándalo de los contratos. Son 16 segundos de una grabación en la cual el Presidente dice que supo que su hermano había comprado Cosurca, meses después de concretado el negocio, por lo cual le advirtió que no contrate con su Gobierno. “Si el Presidente sabía de la existencia de Cosurca, también debía conocer que fue traspasada a las empresas panameñas adquiridas por su hermano, pues su nombre nunca aparece entre los accionistas, por la cortina societaria que tendió y lo impedía”, señala Chambers. En una de esas grabaciones, el Mandatario también dice que sabía del préstamo de la CFN que se le concedió a Megamaq, que a su vez era es la dueña de las firmas panameñas. “Entonces estaba al tanto y sabía del proceso de la cortina societaria. Eso nos tomó meses establecer porque nos es evidente”.

Sin embargo, el sábado pasado el Jefe de Estado anunció que iniciará acciones legales en contra de los veedores, pues aseguró que él no conocía de los contratos y que se lo quiere perjudicar.

“Estoy hasta la coronilla de esa gente que quiere salir del anonimato calumniando al presidente, vamos a responderles legalmente, ya estoy cansado”.

Datos del caso

A mediados del 2009,  una investigación periodística reveló el ‘holding’ de las empresas que tenía el hermano del Presidente, Fabricio Correa.

Allí, se revelaron  los contratos que esas compañías habían mantenido con la diferentes entidades estatales.

La mayoría de  contratos era con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para construir carreteras  durante la emergencia vial decretada por el Primer Mandatario. 

En septiembre de ese año, el presidente Correa dispuso que se den por terminados todos los convenios que su hermano había firmado. Pero Fabricio Correa planteó demandas al Estado.  

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)