
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) mantiene en trámite un proceso sancionatorio contra Luisa González y Andrés Arauz por presuntas irregularidades en el manejo de las cuentas de campaña durante las elecciones anticipadas de 2023. Esta causa nació de una denuncia presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que cuestionó la justificación y el registro de aportes privados reportados por Revolución Ciudadana.
El expediente se tramita en el TCE desde finales de 2025. Además de los excandidatos presidenciales, el proceso involucra a los responsables económicos que administraron los recursos de campaña. Las autoridades electorales analizan inconsistencias en los informes financieros entregados por la organización política tras concluir el proceso electoral. La multa establecida dentro de esta causa asciende a 18 mil dólares.
Mientras avanza el proceso en el TCE, dirigentes de Revolución Ciudadana sostienen que las investigaciones responden a una persecución política contra el movimiento y sus principales figuras. La organización ya había advertido meses atrás sobre una supuesta intención de debilitar o incluso suspender al partido mediante sanciones derivadas de procesos electorales.
La situación ocurre en un momento delicado para la agrupación vinculada al expresidente Rafael Correa. La justicia electoral impuso a Revolución Ciudadana una suspensión de nueve meses, limitando su participación directa en las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026. La acumulación de causas abiertas contra dirigentes y estructuras del correísmo ha generado incertidumbre dentro de la organización.
Frente a la suspensión impuesta al movimiento, la presidenta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, confirmó que la organización ya cuenta con un partido político habilitado para participar en las próximas elecciones seccionales. Según explicó en una rueda de prensa, esa estructura servirá para inscribir a los candidatos que busquen reelegirse o aspiren a nuevas dignidades en 2026.
No obstante, Rivadeneira aclaró que el movimiento no revelará públicamente el nombre de esa organización política debido al riesgo de que también quede fuera del proceso electoral. En su criterio, los partidos aún podrían enfrentar medidas de exclusión.
En paralelo, el TCE continúa con la tramitación de varios expedientes relacionados con dirigentes del correísmo, incluyendo el caso sobre las cuentas de campaña de las elecciones anticipadas de 2023. Hasta el momento, el organismo electoral no ha emitido una resolución definitiva sobre la sanción económica dentro de este proceso.