Los fallos que dicta la Superintendencia de Comunicación (Supercom) están creando precedentes que preocupan . Por un lado, está la manera en la que la autoridad de control aplica la Ley de Comunicación. Por otro, la forma en la que la sociedad ecuatoriana asimila esos fallos.
Un caso reciente es la sanción a Teleamazonas por supuesto linchamiento mediático contra el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga. Según la resolución de la Supercom, el programa ‘Dream Team’, de temática deportiva, cuestionó en cinco emisiones el proceso de reelección de Chiriboga. La defensa acusó a ese programa, que ya no está en el aire, de haber dicho que Luis Chiriboga “compraba votos”.
Es innegable que toda persona tiene derecho a cuidar su reputación. Desde ese punto, la defensa de Chiriboga hizo uso del aparataje legal existente para defender lo que consideraba una lesión a su imagen en este programa.
Más allá de aquello, lo que debe inquietar son los efectos de estas resoluciones. ¿Cuántos comentaristas hoy tienen miedo de expresar sus ideas, porque la Superintendencia puede dar paso a todo tipo de quejas? ¿La autocensura a emitir una opinión o una ironía debe sacrificar el debate público al que ha estado acostumbrada la sociedad ecuatoriana?
Seguramente el poder político de este país y la Supercom están haciendo su trabajo: poner ejércitos de funcionarios a mirar con lupa todo lo que se dice y se habla en los medios para abrirles expedientes sancionadores.
Pero, ¿cuál es la reacción de la ciudadanía? Si Ecuador tiene hoy políticos y dirigentes deportivos hipersensibles a la crítica, a pesar de sus polémicas actuaciones, la sociedad debe acoger sus reclamos y exigir que se acaben de una vez por todas las presidencias vitalicias en cualquier gremio o que se frenen proyectos como la reelección indefinida. Si a los políticos y dirigentes les molesta tanto la opinión pública, váyanse a sus casas.