A pesar de que en los últimos tres años el ex asambleísta constituyente Fernando Balda ha estado radicado en Colombia, sus críticas y acusaciones al gobierno de Rafael Correa nunca cesaron.
A través de sus comentarios en su blog personal, Balda ha mantenido su nivel de confrontación con el Régimen, tal y como era al inicio de su fugaz paso por la política activa en el Ecuador.
Sus denuncias de supuestas irregularidades en la Unidad Técnica de Asesoramiento en Materia de Seguros para la Administración Pública Central, adscrita a la Presidencia, dieron pie al juicio por injurias calumniosas por el cual fue expulsado del vecino país. El titular de esta entidad, Óscar Herrera, demandó a Balda luego de que lo acusara en el 2008 de haberse arrogado funciones y traficar influencias.
El caso de los seguros no fue el único que incomodó al Gobierno. Balda filtró unas grabaciones no autorizadas en las que, según él, se demostraba que el Gobierno incluyó en la nueva Constitución artículos que nunca fueron aprobados en Montecristi.
Esta fue la última denuncia que Balda hizo desde Ecuador. A finales del 2009, se refugió en Colombia y desde allí acusó a la Secretaría de Comunicación de tener un ejercito de ‘trolls’. Es decir personal contratado para que desde las redes sociales ataque a opositores y medios y defienda al Gobierno para incidir en la opinión pública. Esa aseveración, que fue desmentida por el Régimen, derivó en un enfrentamiento con Roberto Wohlgemuth J., director de la Unidad de Contacto Ciudadano, de la Secom.
Balda lo responsabiliza de comandar presuntamente el ejército de trolls, además acusa a su padre de supuestas irregularidades. Precisamente, las críticas a la familia Wohlgemuth se plasmaron en el último comentario de su blog personal con fecha 9 de octubre. Un día después, se conoció de la expulsión, por parte de las autoridades colombianas, para que cumpliera la condena en so contra, por el caso seguros.
La situación jurídica de Balda no es del todo clara. La defensa del ex asambleísta constituyente presentó un escrito ante el juez primero de Garantías Penales del Guayas, Enrique Rodríguez. En el documento se le solicita dictar la prescripción de la pena de dos años de prisión.
Para solicitar esa libertad , la defensa esgrimió los artículos 101 y 107 del Código Sustantivo Penal. Argumentan que ha transcurrido en exceso el tiempo de la condena y por lo tanto esta ya no tendría efecto. En el pedido a favor de Balda, el abogado Carlos Rubio dice que la prescripción “puede ser de oficio o petición de parte”.
La causa fue conocida por el juez el 17 de marzo del 2009 y el 26 de agosto del 2010 se notificó con la sentencia de dos años, disponiéndose la detención de Balda en Quito para su posterior traslado a la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde está ahora.
Ayer por la tarde el ex presidente y el líder de Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, se refirió a la situación de Balda. “A él no lo acusan de robo, como sí los acusan a funcionarios de este Gobierno, como el primo del presidente, Pedro Delgado. A Fernando le acusan de haber usado la libertad de expresión”. Si embargo, el Gobierno advirtió que Balda no es ningún perseguido.
El ex presidente Gutiérrez aseguró que existe temor entre la familia del detenido. “Tenemos recelo de la vida de Fernando, la familia está desesperada”.
La situación jurídica
El abogado Rigoberto Ibarra confirma que el artículo 101 del Código Penal define que una pena prescribe en el tiempo que dure la sanción, siempre y cuando la sentencia haya estado ejecutoriada. Es decir que se hayan agotado todos los espacios de apelación de la causa.
El juez que dictó la sentencia en primera instancia es quien debería declarar la prescripción de un caso como este. Según Ibarra, si hay incumplimiento, el juez pudiera ser destituido.
La defensa de Balda asegura que una de las razones por la cuales se lo expulsó de Colombia es porque en su cuenta de Twitter el ex asambleísta difundió detalles de un documental polémico contra el presidente Correa que no llegó a difundirse. Pero esta versión no consta en el comunicado oficial de Colombia.