El presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Mesías Tatamuez, afirmó que el gremio y otros sindicatos dispuestos a aportar para enfrentar la crisis, aunque con algunos matices. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
Representantes de gremios de trabajadores y exportadores acudieron este martes 21 de abril del 2020 a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea para presentar sus observaciones a la Ley Humanitaria que impulsa el Ejecutivo.
El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Mesías Tatamuez, y el secretario general de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, Cristóbal Buendía, dijeron estar dispuestos a aportar para enfrentar la crisis, aunque con algunos matices.
Los temas más sensibles del proyecto del Ejecutivo son la reducción del 10% del sueldo para los servidores públicos de manera permanente, y las contribuciones para los empleados (del sector público y privado) que perciban más de USD 500 al mes, durante nueve meses.
Tatamuez propuso otra tabla para dicho cálculo, de modo que quienes ganen de 720 a 1 000 aporten con el 1%; de 1001 a 1500 el 2%; de 1501 a 2000 el 3% y el 14% aquellos con remuneraciones mensuales de USD 9001 a 10 000.
“La canasta básica está en más de USD 700. Señores asambleístas, es el colmo que a un ecuatoriano le quieran sacar del bolsillo y no le dejen ni USD 50 para ir, por lo menos, donde el dentista o ir a una consulta médica”, adujo.
Buendía demandó que los fondos que se prevé obtener con este mecanismo (USD 106 millones, según el Ministerio de Trabajo) sirvan para la protección de los trabajadores.
Señaló que estos aportes deben estar condicionados a que los trabajadores no sean despedidos al menos durante 2 años, o que se les devuelva los valores en caso de incumplimientos.
Pidió que no sean afectados aquellos trabajadores próximos a jubilarse o con más de 20 años de servicio, ya que una reducción de sus salarios implicaría una afectación en el cálculo de sus pensiones.
“Si es que la reducción implica una suerte de largo tiempo o de una condición no temporal, estaríamos cayendo en una suerte de precarización”, añadió Buendía.
A su vez, sugirió que los valores que se les pretende reducir sean devueltos cuando las condiciones de la crisis se hayan superado.
El director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, Antonio Hidalgo, comentó que este sector genera 250 000 empleos directos.
En ese sentido pidió a los asambleístas tomar en cuenta los efectos de la crisis en esta área para el debate de la Ley Humanitara.
Richard Salazar, uno de los agremiados, sostuvo que los mercados han reducido las compras, que hay retrasos en los pagos de clientes y que incluso no quieren pagar, además de presionar para reducir el precio de la fruta.
El gremio dijo que no está de acuerdo con que se creen nuevos tributos y demandó flexibilidad para la contratación de personal temporal.