El secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz fue notificado por la Fiscalía General del Estado sobre una denuncia en su contra. La notificación, entregada el viernes 10 de enero en el palacio legislativo, fue confirmada como parte de un proceso legal impulsado por el presidente Daniel Noboa.
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Desde la Asamblea, se aclaró que no se trató de un allanamiento, como se especuló en redes sociales, sino de una diligencia relacionada con el caso. Según Muñoz, la denuncia estaría vinculada a una presunta arrogación de funciones en el ejercicio de sus responsabilidades.
Disputa por el Decreto Ejecutivo 500
El conflicto se originó tras la devolución del oficio que remitió el presidente Noboa a la Asamblea. En dicho documento, el mandatario notificó su ausencia temporal para hacer campaña y encargó la primera magistratura a Cynthia Gellibert, quien anteriormente ocupaba el cargo de vicepresidenta encargada.
Muñoz señaló que, de acuerdo con el artículo 146 de la Constitución, la vicepresidenta constitucional, Verónica Abad, debería asumir las funciones presidenciales en caso de ausencia temporal del jefe de Estado. Además, argumentó que la ley establece que cualquier licencia presidencial debe ser aprobada por el pleno legislativo.
Reacciones de las bancadas legislativas
Varios bloques legislativos expresaron su rechazo a la denuncia. El Partido Social Cristiano (PSC), Construye y Revolución Ciudadana (RC) coincidieron en señalar que el caso refleja un uso indebido de la justicia.
En un comunicado, RC calificó la notificación como un atentado contra la independencia de funciones. De igual forma, recordó que la devolución del oficio presidencial respondió a un mandato del Código de la Democracia.
Por su parte, el PSC afirmó que la denuncia constituye una forma de persecución política que desestabiliza la democracia y exigió al gobierno respetar las normas constitucionales.
Construye, en cambio, comparó al presidente Noboa con el expresidente Rafael Correa, calificándolo de populista.
Declaraciones de Muñoz y cuestionamientos legales
En un video publicado en sus redes sociales, Muñoz aseguró que actuó bajo instrucciones de la presidenta del Legislativo, Esther Cuesta, y sostuvo que sus principios no son negociables. Además, criticó que la campaña electoral sea considerada un caso de fuerza mayor, como lo establece el Decreto Ejecutivo 500.
Según el secretario, esta interpretación contradice los conceptos legales de fuerza mayor y caso fortuito definidos en el Código Civil.
Afirmó que cumplir con la normativa no debería ser motivo de persecución judicial, sino de fortalecimiento del Estado de Derecho.
Llamados a la autonomía judicial
Ante el avance del caso, los bloques legislativos instaron a la Fiscalía y al sistema judicial a mantener su independencia. Tanto RC como Construye exhortaron a los sectores democráticos a defender la institucionalidad frente a lo que consideran prácticas autoritarias.
El PSC, por su parte, llamó a las funciones del Estado a actuar conforme a sus competencias para garantizar el respeto a la Constitución. Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación previa, sin que hasta ahora se hayan aclarado detalles específicos sobre la denuncia.
