16 de July de 2012 00:50

‘Se trata de sancionar a la disidencia’

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Mauricio Alarcón, asesor jurídico de Fundamedios, es abogado y Asesor Jurídico de la organización Fundamedios, que observa  la labor periodística. Él considera que la decisión de cinco magistrados de la Corte Constitucional de levantar las medidas cautelares a la reforma electoral no estuvo apegada al debido proceso y que con esa decisión se afectó a los derechos de los ciudadanos.

¿Cómo evalúan la resolución  de la Corte Constitucional (CC)  que  levantó las medidas cautelares que pesaban en contra de las reformas del Código de la Democracia?

Como Fundamedios rechazamos lo actuado, porque la CC, de manera negligente, ha violado estatutos establecidos en la Ley Orgánica de Control Constitucional. Si se supone que la Corte es el principal órgano de protección de nuestros derechos y libertades, resulta sorprendente que los magistrados pongan por encima de la Constitución y de nuestros derechos a un Código Electoral y a un período de elecciones.

Hay distintos puntos de vista sobre la vigencia de las reformas electorales, ¿ya pueden ser aplicadas?

Sin duda. El momento en que se levantan las medidas cautelares lo que sucede es que la norma entra en vigencia. Lo único que falta es que el Pleno de la CC determine si esta norma está amparada en nuestro marco constitucional.

¿Pero si el argumento de la Corte para levantar las medidas fue que estamos en época electoral, por qué es negligente su accionar?

Eso es lo más sorprendente: enterarnos que estamos ya en período electoral y que ha resuelto eso el Consejo Nacional Electoral (CNE), según dijo el Presidente de la Corte, porque el 24 de febrero el CNE ha admitido una resolución declarando ya el inicio del período electoral.

Si es así, ¿entonces el CNE es la máxima autoridad para decidir sobre el proceso electoral; incluso llegó una advertencia para los jueces, de ser destituidos si no retiraban las medidas cautelares?

Es una amenaza política. El CNE en etapa electoral es la máxima autoridad del país, pero no se puede desconocer que el órgano de defensa de nuestros derechos es la máxima autoridad en la materia. La única consecuencia es que nos han dejado a los ciudadanos desamparados y desprotegidos en materia de derechos por el simple hecho de dar paso a una disposición de la autoridad electoral, lo que es absurdo si vivimos en un Estado de Derecho.

Hay críticas por el procedimiento y la independencia de la Corte para juzgar este caso. Pues cinco de los seis jueces que votaron por levantar las medidas están de candidatos a la reelección.

Habría un conflicto de intereses. Son pruebas que se suman, no se trata de descalificar la actuación de la CC antojadizamente, sino que las pruebas son las que nos dicen que la forma en que los magistrados están actuando está mal: no respetan el debido proceso ni las garantías, actúan conforme les manda su pensamiento político y su interés de reelección.

Fundamedios también presentó una demanda de inconstitucionalidad en la Corte y son parte procesal, ¿han pensado qué hacer frente a la decisión de la CC?

Estamos analizando qué camino seguir. Sin embargo, queremos ratificarnos en que la vulneración al debido proceso fue tal que no fuimos ni notificados oportunamente con esta petición contenida en un recurso de ‘amicus curiae’ del CNE. No hemos tomado una decisión, pero vamos a hacerlo.

En este escenario, ¿qué va a pasar con la información durante la campaña?

Es difícil saber qué va a pasar, pero las normas que estarían en vigencia establecen censura previa, porque el hecho de poner reglas para que los medios de comunicación informen sobre temas o electorales no solo afecta a los medios sino a los ciudadanos.

¿Por qué se estaría limitando a los ciudadanos?

A ante la subjetividad y la posibilidad de que la autoridad multe a un medio con una cantidad entre USD 50 y 100 000, es preferible no correr riesgos y los ciudadanos no reciben la información que necesitan y tal vez tendrán que conformarse con la oficial.

¿Cree que se está tratando de cercar a los medios de comunicación con las leyes?

Sabemos que hay una política de Gobierno y un discurso de las altas esferas de poder que busca denostar el trabajo periodístico, afectar a los medios de comunicación y comunicadores y eso se evidencia en las distintas normas.

¿En el proyecto de Código Integral Penal también hay restricciones a la prensa?

El Código Integral Penal mantiene disfrazadas algunas figuras jurídicas, como el desacato, con el objetivo de sancionar a la libertad de expresión. Trata de sancionar ya no solo el trabajo de periodistas sino la disidencia.

¿Cómo aparece ahora la imagen del Ecuador a escala internacional?

Se ratifica que en el país no están garantizados derechos ni libertades. Mucho podrán decir las autoridades, pero mientras no existan derechos civiles y políticos garantizados plenamente no podemos hablar de Estado libre.


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