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El panorama electoral para la Revolución Ciudadana (RC) ha dado un giro. Tras confirmarse que la medida cautelar de suspensión por nueve meses se encuentra en firme, la organización política enfrenta una parálisis legal que, en la práctica, le impide participar en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) de febrero de 2027.
La decisión, dictada por el juez del TCE, Joaquín Viteri, surge de una denuncia interpuesta por el fiscal subrogante Leonardo Alarcón, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos denominada caso “Caja Chica”. Al haber vencido el plazo de tres días para presentar recursos sin éxito, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por conocida la ejecución de esta sanción administrativa este 11 de marzo.
Aunque el Código de la Democracia establece seis funciones obligatorias para los partidos, la suspensión anula la más crítica en este momento: seleccionar y nominar candidatos. Según el calendario electoral, el 29 de junio se definirá qué organizaciones podrán inscribir cuadros, y el 31 de agosto inicia la recepción oficial de precandidaturas. Al estar suspendida por los próximos nueve meses, la lista 5 no llegaría a cumplir con los plazos legales para registrar alcaldes, prefectos y concejales.
Ante este escenario, la recién posesionada presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, aseguró que el movimiento “estará en la papeleta”, sugiriendo posibles alianzas. No obstante, el camino es complejo: los militantes que deseen postularse por otras tiendas políticas deben renunciar a la RC al menos 90 días antes de la inscripción, un requisito que complica la estrategia de “alquiler de plataformas” con movimientos como el PID (lista 4), con quien ya se rumorean acercamientos.
No todas las noticias fueron negativas para el correísmo. En una sentencia paralela, la jueza Ivonne Coloma declaró la prescripción de dos de las cuatro denuncias por infracciones electorales graves que pesaban sobre el movimiento. El CNE, liderado por Diana Atamaint, presentó estas quejas fuera del plazo legal de dos años. Por ejemplo, en una de las causas, la RC entregó sus informes el 17 de noviembre de 2023, pero el CNE denunció recién el 19 de noviembre de 2025, superando por dos días el límite para accionar.
Pese a este respiro procesal, la defensa técnica, encabezada por Gustavo Jalkh, alista una contraofensiva jurídica para anular la admisión del caso “Caja Chica”. La estrategia contempla recursos de nulidad y revocatoria, bajo el argumento de que la suspensión constituye un intento de “proscripción política” a las puertas de un nuevo proceso electoral.
Información externa Movimiento Revolución Ciuadana