La Ley de Datos Públicos establece la obligatoriedad del Estado de custodiar la información personal de todos los ciudadanos. Sin embargo, esta protección no se evidenció durante el escándalo de la falsificación de firmas, en los formularios de reinscripción de las 11 agrupaciones políticas.
Para validar estas firmas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) iba a revisar desde hoy los más de 4 millones de rúbricas registradas en el organismo. Sin embargo, este control nuevamente se aplazó sin dar mayores explicaciones.
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