La última actuación de la oposición al Gobierno en la Asamblea Nacional, durante el feriado de Semana Santa, es vista como una estrategia para apresurar el proceso del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Analistas observan algunas razones detrás de una resolución aprobada la tarde del 7 de abril del 2023.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea aprobó con seis votos, de siete en total, una resolución en la que se exige a la Comisión de Fiscalización que no dilate el procedimiento del juicio en contra Lasso.
La moción fue presentada por el legislador del correísmo Ronny Aleaga. Respecto a Fernando Villavicencio, presidente de mesa legislativa, dijo que “parece ser que, mediante interpretaciones personales, que no responden a la interpretación de este cuerpo colegiado que es la Comisión de Fiscalización, se deja una tela de duda ante la ciudadanía”.
La asambleísta de Creo, Nathalie Arias, manifestó que la sesión resultaba inoficiosa porque los plazos legales para la sustanciación del juicio están corriendo y no cabían hacer señalamientos al presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, porque no es competencia del CAL.
Mientras que Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea, contradijo a Arias. Alegó que la actual etapa del juicio político “está parcializada hacia el Presidente de la República”.
El analista político José Luis Fuentes dice que el hecho refleja un “juego de poder” entre quienes buscan la destitución de Lasso y quienes intentan bloquear el proceso. Lo ve como una estrategia política.
Posibles razones detrás de la resolución
Aunque Aleaga sostuvo que no se estaría respetando el debido proceso sobre el procedimiento del juicio, Fuentes y el analista político Alfredo Espinoza presumen que hay otros motivos.
Fuentes analiza que lo resuelto en la sesión se convierte en un incidente más que abonará a entorpecer el proceso, pues “ha sido extremadamente accidentado”.
La oposición busca acelerar el juicio porque eso provocaría en la ciudadanía el rechazo hacia Lasso y el enjuiciamiento avanzaría “en caliente”.
Otra razón para intentar apresurar el procedimiento, recuerda, es que está próximo el 14 de mayo, fecha en la que habrá cambio de autoridades del CAL y de las comisiones. “Esto podría abrir la puerta a otro tipo de acuerdo legislativo que cambie el momento político y las cosas se podrían enfriar”.
Eso podría generar calma y que la opinión sobre el juicio político cambie de sentido, resume.
Espinoza coincide con Arias al calificar a la sesión como inoficiosa por lanzar “una resolución en la que invocan la amenaza al presidente de la Comisión de Fiscalización”. Cree que eso poco contribuye a un debate.
Si se quejan de que Villavicencio intenta dilatar el proceso, se podría utilizar la misma lógica para decir que la oposición “tiene un desenfrenado apetito por tumbar parlamentariamente a Lasso”, compara el analista.
“Lo que pretenden es dar un golpe institucional al Ejecutivo, independientemente de las acciones u omisiones del Presidente de la República, esa es la intención”, señala.
A su criterio, no se puede dilatar el proceso, pero tampoco se puede “ir de manera atropellada solo para tener la cabeza de Lasso como trofeo”. Si Villavicencio no cumple con sus funciones deberían activarse los mecanismos de sanción disciplinaria, puntualiza.
Espinoza tiene otra hipótesis, que la oposición utiliza el juicio político para crear una plataforma electoral con miras a las elecciones presidenciales del 2025. La moneda de cambio por la destitución de Lasso podría ser la recomposición al interior del Legislativo, para mantener a Virgilio Saquicela en la Presidencia de la Asamblea, y en otras instituciones del Estado para incidir en el ámbito electoral, visualiza.
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