El Pleno de la Asamblea aprobó las reformas a la Ley de Tránsito. Foto: Cortesía
El sistema de puntos en las licencias de conducir vigente desde 2014 tendrá cambios con las reformas a la Ley de Tránsito, que fueron aprobadas por la Asamblea dos semanas antes de terminar su mandato.
Antes de que vaya al Registro Oficial y entre en vigencia, el Ejecutivo tiene de plazo hasta 30 días para sancionar el texto o presentar sus observaciones, una vez que fue aprobado con 96 votos a favor y 36 abstenciones el viernes pasado.
Los cambios más relevantes abarcan desde la recuperación de puntos en las licencias, nuevos límites de velocidad, regulación del transporte comunitario, promoción de vehículos eléctricos, hasta la inclusión de la educación vial en la malla curricular (ver recuadro).
El texto contempla cursos obligatorios para los conductores que perdieron todos sus 30 puntos y que serán opcionales, para aquellos que cuenten con 15 o menos.
Además, se elimina la sanción de reducción de puntos de la licencia en todas las contravenciones de tránsito que van desde la tercera a la séptima clase, contenidas en los artículos desde el 388 al 392 del Código Integral Penal (COIP). Por ejemplo, a quienes rebasen en curvas u otros sitios peligrosos, evadan controles o no acaten disposiciones de los agentes de tránsito.
El presidente de la Comisión Ocasional de Tránsito, Fafo Gavilánez, señaló que a la próxima Legislatura le corresponderá hacer ajustes al COIP y así adecuar la dosimetría penal, para quienes incurran en estas contravenciones. Agregó que esta reforma se compadece de más de 1 millón de conductores que no tienen empleo porque han perdido todos los puntos en sus licencias.
El presidente del gremio de buses interprovinciales, Abel Gómez, manifestó ayer que su gremio aún está analizando el proyecto para emitir un criterio. Otros, como Carlos Brunis, dirigente de los taxistas, celebraron esta reforma.
En cambio, el titular del Observatorio de la Movilidad, Cristóbal Buendía, cuestionó que esta ley no profundice en las razones por las que se pierden los puntos en las licencias.
“Para la norma es lo mismo perder los puntos por parquearse mal varias veces que por producir un accidente del cual se produzcan pérdidas humanas”, cuestionó.
A su juicio, “allí hay un desajuste que la ley no está previendo y que debilita este sistema de puntos que lo que busca es persuadir a las personas a no cometer infracciones”.
Buendía también expresó su desacuerdo con que en el proyecto se determine una sola revisión técnica vehicular del transporte público, o que se proponga ampliar la vida útil de los vehículos de transporte público por cinco años.
“En 2006 una de las primeras causas de los accidentes de tránsito, principalmente en el transporte público, eran las fallas mecánicas”, refirió.
El proyecto legal incluye incentivos para el transporte eléctrico o facilidades para biciusuarios. En zonas residenciales los automotores deberán circular máximo a 30 km/h y a 20 km/h en escuelas.
Otras leyes
La aprobación de la Ley de Tránsito tomó tres años y se dio en vísperas de que el 14 de este mes termine el mandato para la actual Asamblea.
De hecho, los legisladores intensificaron sus tareas esta semana, sin que se evidencie un profundo debate en el Pleno. El presidente de esta Función, César Litardo (AP), entre ayer y el jueves, convocó a cuatro sesiones del Pleno. En el último año se han aprobado 20 leyes, en modalidad de teletrabajo por el covid-19.
Ayer el Parlamento aprobó la creación de la Universidad Bolivariana y un paquete de reformas penales en materia de combate al contrabando, casi por unanimidad, aunque solo dos asambleístas participaron del segundo debate.
El orden del día incluyó la ratificación del protocolo al acuerdo del Consejo de Comercio entre Ecuador y EE.UU., después de que intervinieron cinco legisladores.
Al cierre de esta edición, el Pleno tenía programado el segundo debate de una reforma al COIP para sancionar el acoso sexual digital, cuatro semanas después de que este fue tramitado en primer debate.
El texto busca tipificar aspectos como la violencia económica, la violencia simbólica, la violencia política, y también los mensajes insultantes u hostiles en línea. El proyecto nació de una propuesta de la asambleísta Mae Montaño, futura ministra de Inclusión.