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Representantes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) advirtieron sobre el impacto que tendría el reglamento a la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP) en los contratos ocasionales del sector público. En una declaración de prensa, anunciaron una movilización nacional si el Gobierno no modifica la normativa.
El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el Decreto Ejecutivo 57, con el que oficializó el reglamento para la aplicación de la LOIP. Esta ley, en vigencia desde el 25 de junio, modificó más de 20 cuerpos normativos, incluida la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), y fue aprobada con mayoría oficialista en la Asamblea Nacional.
Los dirigentes sindicales consideran que este reglamento pone en riesgo la estabilidad de miles de trabajadores. El presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, aseguró que “si el gobierno de Daniel Noboa no retrocede en sus políticas antiobreras, tendrá como respuesta la movilización”.
Según sus estimaciones, la normativa facilitaría el despido de hasta 200 000 servidores públicos con contratos ocasionales.
El presidente de turno del FUT, Edwin Bedoya, advirtió sobre una “depuración” de personal como parte de un plan de ajuste ligado al Fondo Monetario Internacional. Dijo que “en un primer momento”, unos 20.000 trabajadores podrían salir de la administración pública.
Bedoya expresó su preocupación por la falta de pronunciamiento del máximo tribunal del país. “Nos asombra el silencio de la Corte Constitucional y esperamos que no se convierta en cómplice de la conmoción social”, manifestó.
Esto cambia para servidores públicos 👇https://t.co/BCiYNrncis pic.twitter.com/YJcmORpihx
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También anticipó una posible persecución contra los dirigentes sindicales que se opongan al proceso. La LOIP ya suma 23 demandas de inconstitucionalidad que esperan ser tratadas por la Corte Constitucional.
El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, se refirió al reglamento como un instrumento “maquiavélico”. Según él, se pondrían en riesgo los contratos de 5 000 funcionarios y 44 000 maestros con nombramientos provisionales.
“No estamos en contra de las evaluaciones, siempre y cuando no generen desempleo y persecución. Nos están dando un garrotazo”, afirmó el dirigente.
La tarde de este jueves, el FUT tenía prevista una concentración frente al Ministerio del Trabajo en Quito. Este sería el primer paso de una serie de acciones convocadas por las organizaciones sindicales.
La preocupación también alcanzó al sector salud. El pasado 16 de julio, trabajadores de este ámbito acudieron a la Corte Constitucional para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la LOIP.
Daniel Noboa firmó el reglamento 👇https://t.co/17aOkHSU1J pic.twitter.com/Kndo9eVmPx
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Uno de los puntos más sensibles es la disposición transitoria séptima del reglamento.
Esta ordena a las entidades de la Función Ejecutiva que, en un plazo de tres meses desde la publicación del reglamento, realicen procesos de supresión de puestos y finalicen contratos ocasionales y nombramientos provisionales que no cumplan con los principios de “racionalización, optimización y funcionalidad”.
Los gremios consideran que esta cláusula habilita despidos masivos y desmantela garantías laborales en el sector público.