Carlos Ramírez, el flamante presidente de la Corte Nacional de Justicia, apostará por la unidad e independencia del Poder Judicial. Ese fue el núcleo de su discurso de posesión de su cargo.
Sus palabras fueron improvisadas. Su elección fue sorpresiva, hasta la víspera se pensaba que el candidato más opcionado para ocupar ese cargo era Hernán Ulloa, quien no ocultaba que solo le faltaban dos votos para reemplazar a José Vicente Troya en la Presidencia del Tribunal.Pero las cosas no sucedieron como había planeado Ulloa. En la última semana, la candidatura de Ramírez había tomado fuerza, especialmente luego del anuncio del Gobierno de que apostaría por una reestructuración de las cortes en el país.
Esa intención tiene en alerta a los funcionarios judiciales que armaron su estrategia de defensa, sin esperar los resultados de la consulta popular que impulsa el presidente Rafael Correa.
Ramírez tiene un perfil más conciliador que Ulloa, quien ha sido criticado por sus supuestos nexos con el Partido Social Cristiano. Él ha negado esas acusaciones y ha dicho que no tuvo relación con el PSC, sino que trabajó como abogado de su máximo líder León Febres Cordero.
Ramírez llegó a la Corte en el 2005, luego de un concurso de oposición y merecimientos que fue auditado por varios organismo internacionales. Él representaba a la docencia, aunque en ese año aún trabajaba como abogado en libre ejercicio y conjuez de la Corte Provincial de Loja.
Su relación con José Vicente Troya ha sido estrecha. Él fue quien lo postuló para que fuera electo presidente subrogante en el 2005. Luego lo apoyó para sostener a este tribunal en el 2008, cuando la actual Constitución redujo el número de magistrados de 31 a 21, lo que iba a causar un quiebre entre los jueces.
Desde entonces, Ramírez ocupó la Primera Sala de lo Civil y en el Pleno de la Corte su lugar a la derecha del Presidente.
Antes de la votación, Ramírez llevó a sus colegas a una cena para socialibizar su candidatura. En la invitación había una frase: “El verdadero legado de la humanidad es hacernos libres y dignos”.
De esta forma, el judicial pretendía impulsar la imagen de que su candidatura buscaría la unión entre los jueces y otros funcionarios del Poder Judicial.
La elección del presidente fue reservada y no se permitió el acceso de la prensa. A las 09:30, se convocó a los jueces; para la designación se presentaron los tres candidatos que antes habían anticipado su participación: Ramírez, Ulloa y Rubén Bravo.
Hubo una primera ronda de votaciones, ninguno logró los 12 votos que establece el Código de la Función Judicial para alcanzar la Presidencia. La candidatura de Bravo era la más débil y se cayó.
Así, Ramírez tuvo el camino libre para ser elegido. La noticia de la elección la difundió un funcionario de la Corte que salió a las 11:00. “Se terminó, Ramírez ganó con 13 votos, Ulloa sacó siete”, explicó el hombre a la prensa.
Ese momento, se abrieron las puertas del salón de reuniones de la Corte. Troya habló y tomó el juramento a su colega Ramírez. Después le entregó un botón (escarapela) que llevaba desde que fue nombrado Presidente. “Espero que usted también se lo entregue a su sucesor”, le dijo Troya al flamante Presidente.
Ramírez tomó el puesto en la mitad de la mesa de sesiones. Él aseguró que espera que en este tiempo pueda existir la unidad de los jueces nacionales y de los funcionarios de todo el país.
Aseguró que defenderá la independencia del Poder Judicial frente a los otros poderes del país. “Si no no somos independientes, no podemos ser jueces”.
El nuevo Presidente deberá afrontar la intención de cambiar las cortes a escala nacional. Los funcionarios judiciales han demostrado su preocupación por la intención del Régimen de destituir a los jueces que se encuentran en funciones prorrogadas y designar a sus reemplazantes.
Jueces de Pichincha y de Guayas anunciaron su oposición a la idea del presidente Rafael Correa. El objetivo del Gobierno es crear una comisión, con delegados del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para reemplazar al Consejo Nacional de la Judicatura.
Esta comisión sería la encargada de destituir a los jueces y nombrar a otros. Además, podría crear más juzgados en el país.
Para los funcionarios de los dos distritos judiciales más grandes del país, la propuesta de Correa atenta contra las garantías constitucionales de independencia, autonomía y estabilidad laboral de los empleados judiciales. Por eso, ellos no descartan que puedan paralizar sus actividades.
El Mandatario respondió a los judiciales: que eso violaría la ley y se podría apurar la depuración. “Se abrirían sumarios administrativos en su contra”, explicó.
Ramírez dijo que la opinión de la cortes debe ser tomada en cuenta para una posible reestructuración y cambiar los problemas de la Justicia.