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Correa extiende, por Decreto Ejecutivo, la seguridad estatal para expresidentes, exvicepresidentes, cónyuges e hijos

Rafael Correa modificó este 4 de mayo del 2017, el decreto sobre la seguridad presidencial. El Mandatario estableció que se brinde protección a expresidentes y exvicepresidentes de la República, así como a sus esposas e hijos. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCI

Rafael Correa modificó este 4 de mayo del 2017, el decreto sobre la seguridad presidencial. El Mandatario estableció que se brinde protección a expresidentes y exvicepresidentes de la República, así como a sus esposas e hijos. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCI

El presidente Rafael Correa firmó el Decreto 1369, publicado este 4 de mayo de 2017. Foto: Archivo Paúl Rivas / EL COMERCIO

El presidente Rafael Correa dispuso que el Servicio de Protección Presidencial proporcione “de ser necesario protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, a sus cónyuges e hijos”. Así reza en el Decreto Ejecutivo 1369 publicado este jueves 4 de mayo de 2017 por la Presidencia de Ecuador.

El documento es una reforma al Decreto Ejecutivo 418, de julio de 2010. Correa cambió un literal del tercer artículo, que se refiere a las atribuciones del Servicio. Según la nueva disposición, la protección estatal se extendería por un año a los expresidentes y por seis meses a los exvicepresidentes, plazos que “se podrán acortar o extender sobre la base del informe de riesgos que obligatoriamente se elaborará para el efecto”, reza.

Correa terminará sus funciones en 20 días, el 24 de mayo del 2017. Con su disposición, él, su esposa y sus tres hijos podrán contar con este servicio una vez que Lenín Moreno lo suceda en la Presidencia. De la ejecución del Decreto 1369 se encargarán, según el escrito, el Ministro Coordinador de Seguridad y el Ministro de Defensa.

El nuevo Decreto considera que “es necesario hacer ajuste al sistema de Seguridad Integral de la Presidencia de la República que propenda a garantizar de manera idónea la protección y resguardo de los primeros mandatarios y de las principales autoridades del país”.

En el texto se sostiene que “es deber del Estado ofrecer un esquema de seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes”, para así “asegurar una transición adecuada hacia su vida personal y familiar”.

El Decreto original, del 2010, no contemplaba esta opción. Solamente establecía la fusión de la Casa Militar Presidencial y el Escuadrón de Transporte Aéreo Presidencial, que se encargaban antes de la tarea. Así como la lista de atribuciones y responsabilidades del entonces nuevo Servicio de Protección.