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El proyecto de Ley de Economía Violeta, que está en manos del Ejecutivo para su objeción o veto, plantea incentivos tributarios para las empresas que incorporen más mujeres en sus nóminas y que las mismas permanezcan más tiempo en sus puestos de trabajo.
En el artículo 21, la norma hace una reforma a la Ley de Régimen Tributario en lo referente a las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales que se aporten al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
“La creación de una nueva plaza de trabajo destinada a la contratación de mujeres será deducible hasta un 150% adicional, en función del tiempo de permanencia de la trabajadora en la plaza de trabajo”, se señala.
Además, se plantea que si una mujer es despedida o renuncia, el beneficio puede continuar para la empresa, siempre y cuanto el empleador contrate a otra mujer para cubrir esa plaza laboral.
Actualmente, el 100% de los pagos que una empresa hace por salarios es deducible para la declaración del Impuesto a la Renta, es decir, que se descuentan y se pagan menos impuestos.
Con la nueva normativa, el beneficio podría llegar hasta el 250% por la contratación de personal femenino. El objetivo es generar nuevas fuentes de empleo para las trabajadoras.
Las mujeres siempre han estado en desventaja laboral, en todo mundo. Pero la pandemia del covid-19 agudizó la situación.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la crisis provocada por la pandemia en los mercados laborales de América Latina y el Caribe impactó en mayor medida a las mujeres, y ha colocado a la región frente al desafío de enfrentar un retroceso sin precedentes respecto de la igualdad de género en el trabajo.
Por ello, las leyes a favor de las mujeres son importantes. Según el asambleísta Daniel Noboa, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, que se encargó del tratamiento de la norma, este proyecto de ley promueve la igualdad, equidad y justicia hacia las mujeres.
Pero los incentivos tributarios serían los artículos más claros, ya que otros temas serían ambiguos y carecerían de precisión, según Vanessa Velásquez, abogada laboral.
Por ejemplo, el proyecto de ley establece que los empleadores que tengan 25 colaboradores o más deben “promover condiciones de trabajo que eviten el acoso laboral con connotación sexual”. Para la experta, “la norma debería decir claramente ‘se prohíbe el acoso en ámbitos laborales‘”.
Otro cuestionamiento es ¿por qué solo las empresas con más de 25 trabajadores deberían incluir estas políticas? Ya que, según datos del Banco Central del Ecuador, las micro constituyen más del 90% de empresas del país.
Según la OIT, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo son un obstáculo grave e inaceptable al que demasiadas personas están expuestas, por lo que todos los empresarios deberían unirse para lograr su erradicación.
Casi el 23% de los trabajadores han experimentado violencia y acoso en el trabajo, ya sea física, psicológica o sexual, según un análisis conjunto de la OIT.
La violencia y el acoso psicológico son los más predominantes en todos los países. Las mujeres están particularmente expuestas a la violencia y al acoso sexual, agregó el organismo.
Otro de los puntos cuestionados en la norma es la implementación de un Plan de Igualdad para empresas con más de 50 empleados. En este documento deberán constar las medidas que tomará la compañía para evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
Los planes de igualdad deberán ser presentados al Ministerio de Trabajo, un año después de que la norma entre en vigencia. Aquí también se excluye a la gran mayoría de empresas.
Pese a los cuestionamientos, para María Cecilia Holguín, gerenta general del Grupo Lila, la normativa es positiva. “Creo que esta clase de documentos o de obligatoriedades sí da un empujón para que las empresas implementen ciertas prácticas o que comiencen a cambiar su cultura internamente hacia la igualdad de oportunidades de género”, señaló.
El proyecto de Ley de Economía Violeta fue presentada por Andrés Isch, exministro de Trabajo, en abril de 2021 y fue aprobada por unanimidad por la actual Asamblea Nacional, el pasado 22 de noviembre.
Tras conocer su aprobación, el exministro Isch señaló que esta normativa “tendrá valiosísimos resultados en el esfuerzo de cerrar brechas laborales y tener un país más justo”.
El presidente Guillermo Lasso tiene hasta el próximo 22 de diciembre para vetar parcial o totalmente esta normativa.
De no hacerlo entrará por el ministerio de la Ley.
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