17 de July de 2012 00:01

Polémica en EE.UU. por la charla de Paulo Rodríguez

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Un avance para el Consejo Transitorio de la Judicatura, un retroceso para sectores políticos y legislativos de los EE.UU. Sobre estas visiones contrapuestas se desarrolló ayer en Washington, la disertación de Paulo Rodríguez, máxima figura del sistema judicial ecuatoriano.

La charla se realizó en la Asociación Americana de Abogados (American Bar Association), un evento que fue patrocinado por la embajadora ecuatoriana en EE.UU., Nathalie Cely. La funcionaria incluso tuiteó algunas frases de Rodríguez, quien aseguró durante la charla que los procesos para la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia han sido transparentes.

Según información del Consejo Transitorio de la Judicatura, Rodríguez habló de los seis ejes de trabajo del cambio al sistema judicial: talento humano, gestión, infraestructura civil, tecnología, cooperación interinstitucional y asignación equitativa de los recursos, para que “los servicios de justicia se brinden con la misma excelencia en todas la ciudades”.

El mensaje central de Rodríguez en la charla, fue que la administración de justicia en el Ecuador es ejecutada exclusivamente por los jueces en el marco de una poder independiente y autónomo como es el Judicial.

Según la información proporcionada por la Judicatura, el director para América Latina del ABA, Mike MacCullough, la presencia de Rodríguez “fue una buena oportunidad de hablar de estos temas en profundidad y el público aprendió mucho”.

Sin embargo, los argumentos esgrimidos por el funcionario no despejaron las dudas de varios sectores políticos de EE.UU. quienes consideran que esta reforma judicial lo que ha logrado es afianzar el poder político y el control del presidente Rafael Correa sobre las instituciones democráticas del Ecuador.

La congresista Ileana Ros-Leithenen, ha sido de las políticas más duras frente al proceso ecuatoriano, quien ha asegurado además que la libertad de expresión y protestas se han deteriorado. Ella protestó ante ABA por haber recibido a Rodríguez.

Una oposición similar la tiene Otto Reich, ex subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental. En diálogo con EL COMERCIO, el ex funcionario insistió en los peligros que a su juicio presenta el supuesto control de Correa sobre el Poder Judicial.

“Como ha dicho el presidente Correa, en sus propias palabras, él es no solo el Jefe de Estado, el jefe del Ejecutivo, el jefe del Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Electoral. Él piensa equivocadamente que el Presidente de una democracia, es también al mismo tiempo, el dirigente de todos los poderes del Estado”.

Reich cree que la correcta separación de los poderes es una condición básica para que una democracia no peligre.

El ex funcionario republicano también advirtió que en la Casa Blanca, el Departamento de Estado, así como en círculos políticos, periodísticos y de organismos que observan al sistema democrático en el Hemisferio Occidental, “hay una preocupación generalizada por lo que está pasando en Ecuador”.

Reich cuestionó a Rodríguez por no haber sido lo suficientemente claro en su disertación, sobre las denuncias de posible fraude en el concurso para elegir a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Finalmente, dijo que la veeduría del juez español, Baltasar Garzón, si hace un trabajo serio, debe alertar estos fraudes.

Dos nuevas recomendaciones
 
El juez español, Baltasar Garzón, coordinador general de la Veeduría Internacional,  hizo dos recomendaciones a Paulo Rodríguez, presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.

A través de una carta, en el marco de su cuarta visita a Ecuador, dijo que  ha  inspeccionado organismos judiciales y ha realizado visitas ‘in situ’. Allí, varios entrevistados han mostrado preocupación sobre el concurso para la selección y designación de jueces y juezas denominado “313”.

Garzón anunció que en agosto presentará un informe parcial. Y advirtió  que si bien   la próxima semana se realizará la posesión de cargos de este concurso, donde  se ha declarado desierto el concurso en provincias como El Oro, es preciso que “los postulantes que hayan sido excluidos de la designación, tengan acceso con un espacio no inferior a cinco días para revisar sus exámenes y pruebas, para que puedan hacer las reclamaciones del caso”.

En una segunda recomendación,  Garzón  propone la creación de un organismo para revisar las impugnaciones que se realicen, con delegados del Consejo  de la Judicatura, Consejo de Participación  Ciudadana, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Defensoría del Pueblo. De esta manera espera que el proceso avance con trasparencia.

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