Después del retiro de firmas de respaldo a última hora y un debate que tomó dos horas y media, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no logró calificar el pedido de juicio político en contra del procurador General del Estado, Íñigo Salvador.
El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio (Ind.), dispuso este lunes 21 de marzo de 2022 que el expediente sea enviado al Pleno de la Asamblea para una resolución.
La moción para calificar este proceso solo alcanzó cuatro (de cinco) votos a favor provenientes de Villavicencio y los asambleístas Pedro Velasco, Marco Troya y el alterno de Ana Belén Cordero, Henry Linares, que son parte del bloque oficialista.
Bruno Segovia (exPachakutik) se abstuvo. Los asambleístas del correísmo Comps Córdova y Gabriela Molina, además de Blanca López, alterna de Roberto Cuero, votaron en contra. La socialcristiana Soledad Diab no participó de la sesión.
Segovia señaló que en este proceso se pusieron en evidencia “estrategias políticas” para no continuar con la interpelación al Procurador, en medio de una “disputa a dentelladas” por el control del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), que debe designar autoridades como Contralor y superintendentes.
Antes de que la sesión se instalara, asambleístas del correísmo retiraron las firmas de respaldo para esta causa, después de que un informe jurídico de la Asamblea determinó que su coideario, Ferdinan Álvarez, no podía retirar este pedido de interpelación para que se priorice el enjuiciamiento político al Cpccs.
Reacciones de oficialistas y correístas
Estas actuaciones generaron un intenso debate en la Comisión, a donde se volcaron parte de las bancadas del oficialismo y del correísmo.
“La Comisión no puede actuar de oficio. La Ley no lo permite”, sostuvo Álvarez, quien es presidente de la Comisión de Participación de la Asamblea.
Sin embargo, Jorge Pinto, de Creo, lo llamó a que “asuma con responsabilidad y valentía” y siga adelante con este proceso, al señalar que “se equivocó en la estrategia“.
“Es doloroso tener que retirar esta solicitud, tres meses de investigación, pero como país tenemos otras prioridades. El país nos exige que en el Consejo de Participación se vayan todos”, insistió Álvarez.
Marco Troya (Ind.) cuestionó la decisión de haber retirado el pedido de interpelación al Procurador, a quien el interpelante lo acusaba de supuesto incumplimiento de funciones en la defensa del Estado ante tribunales arbitrales internacionales.
“Ahora resulta que el supuesto perjuicio de más USD 300 millones al Estado, no se puede dejar de lado por prioridades políticas”, increpó.
En la mesa también se generó un debate jurídico entre Pedro Velasco (Ind.) y Ricardo Vanegas (Pachakutik), pero no se pusieron de acuerdo sobre la viabilidad del procedimiento. “Cuando hay dos abogados pueden haber 20 criterios”, dijo Vanegas.
Velasco insistió en que a la Comisión no le correspondía aceptar el pedido del juicio político de Álvarez, sino calificarlo a trámite, mientras Vanegas sostuvo que, si bien eso no lo permite la Ley Legislativa, no se puede violentar un derecho constitucional.
En vista de que Álvarez retiró el pedido de juicio político, el Procurador solicitó el archivo de esta causa, pero en la Comisión no se presentó una moción en este sentido.