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El adelanto de las votaciones al 29 de noviembre de 2026 ha modificado los plazos del calendario electoral y ha puesto en riesgo la participación de tres organizaciones políticas de alcance nacional: Revolución Ciudadana, Unidad Popular y el Movimiento Construye.
Los tiempos definidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) obligan a cumplir requisitos legales y administrativos en periodos más cortos, lo que incide directamente en su posibilidad de inscribir candidaturas.
El proceso electoral establece hitos previos que condicionan la participación. Uno de los más relevantes es el cierre del registro de organizaciones políticas, fijado para el 3 de mayo de 2026, fecha límite para que los movimientos estén habilitados legalmente dentro del sistema electoral.
Ese mismo corte se convierte en un punto crítico para militantes que buscan competir bajo otra bandera. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, confirmó que quienes deseen postularse por una organización distinta deben desafiliarse hasta esa fecha.
En paralelo, el calendario establece que las primarias internas se realizarán entre el 18 de junio y el 2 de julio de 2026, mientras que la inscripción de candidaturas está prevista entre el 2 y el 17 de agosto. Esto implica que cualquier definición política debe concretarse semanas antes de esos procesos.
En ese contexto, la situación de Revolución Ciudadana se conecta directamente con los tiempos. El movimiento enfrenta una suspensión de nueve meses, lo que reduce sus posibilidades de participar como organización.
Frente a ese escenario, el expresidente Rafael Correa y la excandidata Luisa González han impulsado la salida de sus cuadros políticos para que puedan competir desde otras organizaciones.
La lógica es operativa: si un aspirante no se desafilia antes del 3 de mayo, no alcanzará a cumplir con los requisitos para integrarse a otra organización, participar en primarias y finalmente inscribir su candidatura dentro de los plazos establecidos.
Una de las primeras en dar ese paso fue la asambleísta Paola Cabezas, quien explicó que su salida responde a una disposición interna del movimiento y no implica una ruptura política.
Mientras en el correísmo el factor clave es el tiempo para reorganizar candidaturas, en otros movimientos el problema es su propia existencia legal.
Unidad Popular y el Movimiento Construye enfrentan procesos de eliminación del Registro de Organizaciones Políticas por no cumplir con el número mínimo de afiliados.
Según el CNE, Unidad Popular cuenta con aproximadamente 31 000 afiliados, cifra inferior a lo exigido por el Código de la Democracia. Sus directivos sostienen que tienen más respaldo y deberán demostrarlo.
En el caso de Construye, el organismo electoral recordó que su antecedente es Ruptura de los 25, agrupación cancelada en 2014, lo que implicó la pérdida de sus afiliados y la necesidad de reconstruir su base.
Ambas organizaciones tienen plazo hasta la primera semana de abril de 2026 para presentar sus descargos. Si no logran revertir el proceso, quedarán fuera antes incluso de que inicien las etapas de primarias.
El calendario también fija que la convocatoria oficial a votaciones se realizará el 1 de agosto de 2026, con al menos 120 días de anticipación a la votación. A partir de ese momento, el proceso entra en su fase electoral formal.
Sin embargo, las decisiones clave ya se están tomando en la etapa previa. La combinación entre plazos administrativos, requisitos legales y tiempos políticos ha convertido al calendario en el principal filtro de participación.
En ese escenario, la contienda de noviembre no solo dependerá de alianzas o candidaturas, sino de quién logre adaptarse a un cronograma que exige definiciones anticipadas y cumplimiento estricto de cada etapa.
Información extra: Ecuador
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