Pazmiño, quien se encuentra en España en un seminario sobre Derecho Constitucional, envió un comunicado. En el documento sostiene que “no existe acusación ni presunto delito por el caso denominado Cervecería, sino una indagación previa”.
El argumento del funcionario se basa en el Código de Procedimiento Penal, el cual establece que en la etapa de instrucción fiscal no existe una acusación formal, sino la sospecha del cometimiento de un delito.
Justamente, esa fue la decisión que tomó la Fiscalía del Estado, por eso pidió a la Corte Nacional de Justicia que delegue a un juez para que se inicie la instrucción. En esa diligencia, el Fiscal podrá pedir medidas cautelares contra los sospechosos y tendrá un plazo de 90 días para emitir un pronunciamiento.
Pazmiño también dijo que a su retorno al país, previsto para el lunes, se defenderá dentro del proceso abierto por la Fiscalía. Sin embargo, él en reiteradas ocasiones ha dicho que la Corte actuó apegada a la ley en este caso.