Entrevista a Patricio Baca, presidente del TCE. Foto: El Comercio
Entrevista a Patricio Baca, presidente del Tribunal Contencioso Electoral.
¿Cuál es el balance que realiza de la labor del Tribunal Contencioso Electoral?
El TCE administra justicia en el tema electoral y en el 2015 conocimos consultas de autoridades removidas de sus cargos por cuerpos colegiados de los GAD; cuentas de gasto electoral en campaña y otros reclamos. Además, hemos socializado el Código de la Democracia y la Constitución para que la ciudadanía conozca sus derechos. A nivel de colegios, por ejemplo, hemos estado con más de 25 000 jóvenes.
¿Todos los procesos que se derivaron del 2014 y 2013 finalizaron?
Nosotros dependemos del Consejo Nacional Electoral para que lleguen las causas. Las del 2013 están cerradas pero faltan las del 2014, que son por cuentas de campaña de responsables del manejo económico. No tenemos la capacidad de presionar.
Para el 2016, año preelectoral, ¿cuáles serán las prioridades?
El 2016 será un año de mucho trabajo pues al interior de las organizaciones políticas se deberán escoger los candidatos que terciarán en el 2017. Si se produjera conflictividad, o si cualquier persona siente afectado sus derechos al interior de una organización, puede recurrir al TCE. Esperamos que esas causas empiecen a llegar a partir de agosto. Luego, entramos a la etapa de inscripción de candidaturas y las inscripciones con lo cual se cerrará el año.
¿Habrá un fortalecimiento institucional?
Incrementaremos en un 30% en el personal de planta pues vienen más causas y necesitaremos más citadores y personal para los despachos. Hay casos que debemos resolver en dos o cinco días y si nos pasamos, se rompe el calendario electoral.
Han existido críticas al concurso para renovarlos y cuestionamientos a su independencia…
En todos los concursos hay ganadores y perdedores y deben juzgar por los hechos. Ninguna sentencia ha sido con el objetivo de favorecer o perjudicar a alguien sino en cumplimientos de la ley. Hay imparcialidad y transparencia y no han existido quejas respecto al proceder.
La sanción de USD 8000 que impusieron a Vistazo generó cuestionamientos.
Esa y algunas otras. Hubo un candidato a la Presencia que por sus declaraciones homofóbicas fue sancionado; el caso del exalcalde de Machala, Carlos Falquez, quien junto con cinco autoridades afines al Gobierno no pudieron participar en las elecciones. Desde el punto de vista jurisdiccional se ha garantizado transparencia, equidad y el debido proceso.
¿Están listos para el proceso del 2017?
Vamos a enfrentar un proceso difícil en donde las fuerzas se polarizarán de tal manera y se querrá inclusive dañar la imagen institucional y la personal de los jueces. Ya hemos oído cómo nos agreden sin razones, nos hablan de falta de independencia o entreguismo y no hay una solo prueba de ella.