Como un rompecabezas perfecto. El Gobierno supo usar el novedoso mecanismo de la participación ciudadana, inaugurado en Montecristi, para ubicar a sus cuadros en estratégicos cargos de control.
Así, la Función de Transparencia y Control Social, el poder electoral y la Fiscalía tienen ahora en sus cúpulas a funcionarios muy cercanos con este Régimen.
El mecanismo mediante el cual se catapultaron estos puestos ha sido los concursos públicos de méritos y oposición, cuyo objetivo era la inclusión de ciudadanos alejados de las esferas públicas del poder, pero que en la práctica quedó en un discurso romántico.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ha sido el organismo encargado de organizar la selección de las nuevas autoridades. Hasta el momento se han desarrollado cuatro procesos mediante ternas enviadas por el Ejecutivo (tres superintendencias y Procurador) y tres concursos públicos (Fiscal, Consejo Nacional Electoral y Defensor del Pueblo).
En estos hay varios factores en común. Primero, que los ganadores tienen una estrecha relación con el Gobierno. Segundo, que los instrumentos de veeduría, para garantizar la transparencia, no han tenido el peso suficiente y finalmente que el mecanismo de impugnación ciudadana no ha logrado modificar a los primeros lugares. Este ambiente, matizado por un Cpccs que, con cuatro votos de siete, se ha alineado a las recetas oficialistas.
Manuela Gallegos, ex colaboradora del Gobierno y una de las proponentes de la participación ciudadana, recuerda que uno de los pilares fundamentales en el inicio de la denominada ‘revolución’, era abrir espacios e incluir en el proceso del Estado a los ciudadanos. Dijo que la idea era dejar a un lado los antiguos mecanismo de designación de autoridades que se nombraban mediante cuotas o favores políticos.
“Fue el vicio más grande y en este proceso se ha concentrado más el poder, contradiciendo la propuesta original y llegado a los mismos estados de manipulación política de un pueblo que ha sido excluido nuevamente de la participación”, dijo.
Los reglamentos para seleccionar a estas autoridades fueron elaborados por el Pleno del Cpccs, a inicios de su período, entre julio y octubre del 2010. Desde ese tiempo, la ONG Participación Ciudadana tuvo una posición crítica con el contenido de los reglamentos pues “la forma como estaban dadas las reglas del juego no iban a contribuir con la despartidización”, lo reconoce su directora Ruth Hidalgo. Ellos solicitaron que los funcionarios públicos del Régimen no participaran, para evitar intereses políticos. “El discurso de la participación ha sido utilizado por el Gobierno para tener más poder”, dijo Hidalgo.
Hasta el momento se han escogido a 16 autoridades y están en camino los tres últimos concursos donde se designarán a 12 autoridades más. En este sentido, las voces de alerta se encienden de nuevo pues si en esta ocasión también ganan funcionarios cercanos al Régimen, se configuraría un control absoluto de las instituciones del Estado.
La consejera Tatiana Ordeñana descarta que exista un direccionamiento del Cpccs hacia los funcionarios del Gobierno y atribuye su triunfo a dos factores. Una mayor preparación y conocimientos de las dinámicas de los concursos y, frente a eso, lamenta la escasa participación de profesionales independientes con buen perfil.
Miembros del Consejo de Participación Ciudadana
Marcela Miranda
Fue presidenta de la Cooperativa de Todas, creada por Ricardo Patiño.
Fernando Cedeño
Fue tesorero de la campaña de A. País, fue subsecretario del Ministerio de Economía.
Tatiana Ordeñana
Asesora del Ministerio del Litoral (Patiño) luego estuvo al frente del Infa .
Mónica Banegas
Abogada cuencana, formó parte del Consejo de Participación Transitorio.
Luis Pachala Poma
Una voz de oposición. Fue viceministro de Agricultura en el régimen de Gutiérrez.
Andrea Rivera
Desde joven estuvo vinculada con la militancia, se la vincula con el MPD.
David Rosero
Ex miembro de la Juventud Revolucionaria y candidato a la Asamblea por MPD.
Superintendentes
Pedro Solines. S. de Bancos
Correa lo ubicó primero en la terna, su nombre no tuvo críticas.
Suad Manssur. S. de Compañías
Alexis Mera la acompañó en la audiencia pública de su impugnación.
Fabián Jaramillo. Telecomunicaciones. Fue ratificado como Superintendete
Procurador
Diego García fue procurador en el período de Transición; el Presidente pidió su reelección.
Recibió ocho impugnaciones. Cuatro fueron tramitadas pero todas se archivaron. En la audiencia de la CIDH en Washington evidenció su apoyo incondicional a Correa.
Fiscal General
Galo Chiriboga
Ex abogado de Rafael Correa, Ministro de Petróleos y ex Embajador.
Un polémico concurso. Fue el blanco de todo tipo de críticas durante el proceso de selección. Pero el presidente Correa dijo que Chiriboga debía ganar por los 8 costados.
Consejo Nacional Electoral
Domingo Paredes
Fue ex secretario del Agua y también ocupó la Presidencia del Consep.
Mágdala Villacís
Funcionaria del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE).
Paúl Salazar
Trabajó como asesor de R. Patiño en los ministerios de la Política y de Relaciones Exteriores.
Enma Silva
Trabajó para la Secretaría Anticorrupción y el Infa. Ex vocal del Consejo de Participación Transitorio.
Juan P. Pozo
Fue secretario relator de la Comisión de Fiscalización , se lo vincula con Fernando Cordero.
Defensor del Pueblo
Ramiro Rivadeneira
Trabajó con Gustavo Jalkh en el Ministerio de Justicia y de Gobierno.
El más impugnado. En el concurso recibió 28 cuestionamientos, desechados por la comisión de selección. Se argumentaba que no cumplía con 10 años de experiencia.
Cargos pendientes
Tribunal Contencioso Electoral
Los 10 vocales juzgarán las sanciones electorales.
Defensor Público
Deberá velar por los derechos de quienes se presume inocencia.
Contralor General
Controlará la utilización de los recursos estatales en las funciones.