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El paro nacional que inició el lunes 22 de septiembre de 2025 no tiene la misma fuerza ni las mismas condiciones políticas de las movilizaciones anteriores.
Analistas coinciden en que el actual gobierno de Daniel Noboa enfrenta un escenario distinto al que vivieron Lenín Moreno en 2019 y Guillermo Lasso en 2022. El nivel de aprobación del presidente, las medidas económicas acompañadas de compensaciones y la fragmentación del movimiento indígena marcan diferencias sustanciales que han contenido la masificación de la protesta.
Maximiliano Donoso-Muller, analista político, sostiene que a diferencia de las paralizaciones pasadas, el actual gobierno no atraviesa un desgaste crítico.
Según el experto, Noboa conserva respaldo ciudadano y una bancada legislativa con peso político. Esa combinación le permite administrar el costo de la eliminación del subsidio al diésel sin enfrentar el mismo nivel de presión social que tuvieron sus antecesores.
Donoso-Muller explica que el haber ganado con una amplia ventaja electoral hace pocos meses mantiene al Ejecutivo con legitimidad. En contraste, Moreno y Lasso llegaron a las protestas con un capital político debilitado, lo que los obligó a retroceder en sus decisiones frente a la presión de las calles.
El analista agrega que en este escenario el gobierno parte con mayor capacidad de control político y con un margen de maniobra más amplio para implementar medidas impopulares. Esa diferencia inicial es clave para entender por qué el paro de 2025 no ha alcanzado la masividad de 2019 ni la duración de 2022.
Sofía Guerrero, analista política y catedrática de la UDLA, explica que el paro de 2019 fue un estallido multisectorial con transportistas, sindicatos y estudiantes que paralizaron al país.
La anaslita indicó que Quito se convirtió en epicentro de la protesta, los oleoductos fueron interrumpidos y los costos humanos y económicos forzaron al gobierno a derogar el Decreto 883.
Guerrero señala que en 2022 la protesta duró 18 días y tuvo una dirección más institucionalizada, con la Conaie, la Feine y la Fenocin a la cabeza. La mediación de la Iglesia permitió acuerdos que redujeron combustibles y limitaron decretos extractivistas. Fue una movilización prolongada, pero con salida negociada que incluyó un acta por la paz y mesas de trabajo posteriores.
Según Guerrero, estos dos momentos mostraron que la presión indígena y social logró revertir decisiones gubernamentales. En 2019 la medida del FMI fue retirada y en 2022 se lograron concesiones importantes. Esa capacidad de incidencia es lo que contrasta con lo que ocurre en 2025, donde la protesta no alcanza la misma fuerza.
Guerrero sostiene que el traslado del Ejecutivo a Latacunga constituye un cambio de estrategia que desarmó parte del libreto de las movilizaciones. Con esta decisión, Noboa evitó que Quito sea tomado, dificultando la logística de la protesta y reduciendo su impacto nacional.
Donoso-Muller considera que este movimiento también muestra un mensaje de fuerza política. No se trata de una huida, sino de disputar territorio en provincias clave para el movimiento indígena, enviando un mensaje de que el Gobierno no retrocede frente a la protesta.
De acuerdo con Guerrero, la reubicación del Ejecutivo cambió el escenario y obligó a los dirigentes indígenas a replantear su estrategia. Quito dejó de ser el centro de presión y el peso territorial se desplazó, debilitando la narrativa de movilización nacional que funcionó en 2019 y 2022.
Guerrero explica que el Gobierno ofreció redirigir 1.100 millones de dólares a programas sociales, al agro y al transporte. Esa narrativa fiscal permitió mostrar un esquema de estabilización temporal y contener la participación de los transportistas, tradicionalmente decisivos en las protestas.
Donoso-Muller sostiene que al entregar compensaciones directas se limita la acción de los dirigentes, pues se llega al bolsillo de los sectores afectados sin mediaciones gremiales. Con esa estrategia, se reduce la capacidad de convocatoria de los líderes sociales.
Según Fernando León, catedrático de la UIDE, las medidas compensatorias aplicadas inmediatamente después de eliminar el subsidio al diésel constituyen un elemento diferenciador frente a Moreno y Lasso. Si esos incentivos se reorientan con transparencia hacia programas bien focalizados, pueden amortiguar el impacto social y ganar legitimidad política.
Donoso-Muller afirma que el liderazgo indígena ya no tiene la cohesión de 2019 ni la visibilidad de 2022. El movimiento atraviesa divisiones y no cuenta con una figura sólida capaz de articular demandas a nivel nacional.
Guerrero coincide en que la figura de Leonidas Iza perdió fuerza y que el nuevo presidente de la Conaie, Vargas, no proyecta el mismo peso político. Incluso su imagen no transmite capacidad de coordinación ni conocimiento administrativo.
León agrega que esta fragmentación interna, junto con la polarización de la sociedad, impide construir un frente unificado capaz de replicar la masividad de protestas pasadas. La falta de liderazgo centralizado reduce el poder de negociación del movimiento indígena frente al Gobierno.
Guerrero sostiene que los bloqueos focalizados y la movilización sectorial muestran una estrategia dispersa y gradualista. Sin alianzas amplias con transportistas, sindicatos y sectores urbanos, la protesta se mantiene localizada y sin impacto nacional.
Pablo Játiva, analista político, explica que los recuerdos de violencia en 2019 y 2022 han deteriorado la percepción social de los paros. La ciudadanía, especialmente en Quito, no ve estas protestas como un movimiento en defensa del bienestar colectivo, sino como un riesgo de repetir saqueos y abusos.
De acuerdo con Játiva, este contexto explica por qué la convocatoria actual no logra masividad. La fragmentación social y las estrategias gubernamentales que han enfriado la movilización impiden que el paro adquiera relevancia nacional.
Pablo Ruiz, prorector de la UIDE Loja, considera que Noboa ha demostrado capacidad de sostener reformas económicas impopulares sin perder apoyo. El traslado de la sede a Cotopaxi y el discurso de orden frente a las protestas lo posicionan con iniciativa política.
Ruiz señala que en contraste, el movimiento indígena perdió liderazgo unificado y enfrenta divisiones entre su brazo organizativo y su ala política. El primero quedó debilitado sin la figura de Iza, mientras que el segundo carece de organización y se fragmenta entre posiciones incluso favorables al Gobierno.
Para Ruiz Noboa se ha movido con más estrategia que Moreno y Lasso. Al ocupar espacios políticos con marchas propias y al trasladar la sede a Latacunga, el Ejecutivo ha marcado la cancha y mantenido control sobre la agenda pública.
Játiva advierte que, aunque las estrategias de Noboa han funcionado hasta ahora, la ausencia de diálogo con dirigentes indígenas puede convertirse en un riesgo. Si líderes como Lourdes Tibán siguen sin ser recibidos, la protesta puede escalar y generar pérdidas económicas considerables.
El analista sostiene que lo óptimo sería que el Gobierno tienda puentes políticos y escuche las demandas indígenas. Ese espacio de negociación permitiría evitar mayores desmanes en un escenario donde el paro todavía no se masifica.
La ministra de Gobierno, #ZaidaRovira, se unió a los simpatizantes
— El Comercio (@elcomerciocom) September 22, 2025
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Játiva enfatiza que si el Ejecutivo mantiene una política de indiferencia hacia los dirigentes, el conflicto puede intensificarse con el paso de los días. El enfriamiento inicial puede convertirse en un factor de riesgo si no se acompaña de diálogo político.
León explica que el país vive un escenario complejo, donde la seguridad y la presión fiscal marcan la agenda. Noboa enfrenta la necesidad de ajustar cuentas con el FMI y al mismo tiempo sostener estados de excepción frente al crimen organizado. Esa mezcla de prioridades da un carácter distinto a las protestas de 2025.
Guerrero considera que la narrativa gubernamental, que combina redistribución fiscal con control territorial y seguridad, legitima las medidas frente a una oposición fragmentada. Esto explica por qué las demandas indígenas no alcanzan la legitimidad social de 2019.
Donoso-Muller añade que, a su parecer, las manifestaciones actuales repiten repertorios de bloqueo que hoy resultan ineficientes. La sociedad está más preocupada por el futuro económico y de seguridad, lo que reduce la capacidad de convocatoria del movimiento indígena en 2025.
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