Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El paro nacional de 2025 reveló tensiones internas en el movimiento indígena. El Pueblo Kichwa Karanki desconoció la tregua anunciada por la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta Fici), presidida por Mesías Flores. En su comunicado, denunciaron que la decisión fue “personal y arbitraria” y prohibieron que se utilizara su nombre sin mandato comunitario. Este episodio reflejó un quiebre en la representación vertical tradicional.
Para los Karanki, la protesta trasciende lo provincial y corresponde a un asunto nacional. Aclararon que rechazan cualquier intento del Gobierno de minimizar su lucha. La decisión marcó una distancia con la dirigencia provincial y reforzó el rol de las bases comunitarias. La división quedó plasmada en un momento clave de la movilización contra la eliminación del subsidio al diésel.
El intento de acercamiento en Imbabura también evidenció falta de cohesión. La reunión convocada entre la gobernadora Maite Landeta y la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) se suspendió por discrepancias sobre el lugar de encuentro.
Mientras la Gobernación propuso la Universidad Técnica del Norte, la Unorcac insistió en un espacio intercultural. El desacuerdo selló la imposibilidad de sostener un canal de diálogo.
La Unorcac enfatizó que sus decisiones solo son válidas si nacen de una asamblea comunitaria. Su postura reafirmó que la autonomía organizativa prima sobre las condiciones planteadas por el Estado. La Gobernación, en cambio, lamentó la falta de compromiso de la organización y llamó a la sensatez. El resultado fue un nuevo impasse que ilustró la distancia entre autoridades estatales y comunidades indígenas.
🏳️ La Chijallta FICI anuncia tregua temporal al paro 👉 https://t.co/Q3ORFWZQb8 pic.twitter.com/M8zdc0jlfH
— El Comercio (@elcomerciocom) October 1, 2025
Sofía Guerrero, analista política y docente de la UDLA, explica que la desautorización de los Karanki muestra que la representación no es automática. La tregua no fue producto de un consenso orgánico, sino de una mediación unilateral.
Esto, señala, erosiona la cadena de mando y debilita la cohesión de la movilización. El gesto Karanki refuerza la soberanía comunitaria frente a decisiones tomadas desde arriba.
La analista agrega que esta fragmentación afecta la efectividad de las movilizaciones. Al no existir un consenso claro, se complica la obediencia de las directrices nacionales. Además, se incrementa el costo político de los dirigentes que asumen decisiones sin mandato de base. Según Guerrero, este es un punto de inflexión en la forma en que se entiende la autoridad interna del movimiento indígena.
Guerrero también sostiene que la división reduce la capacidad de presión del movimiento frente al Gobierno. Sin un mando unificado, la amenaza de parálisis nacional pierde fuerza. Esto facilita que el Ejecutivo segmente la negociación, tratando de manera diferenciada a provincias y federaciones. El resultado es una menor disposición estatal a conceder cambios en la política del diésel.
En este escenario, Daniel Noboa obtiene margen para sostener la medida. La narrativa presidencial se refuerza con la idea de que hay apertura al diálogo sin retroceder en el fondo. Para Guerrero, la fragmentación del movimiento indígena termina fortaleciendo la posición gubernamental. La dinámica favorece la consolidación de la imagen del presidente como un líder decidido.
El especialista en comunicación política, Andrés Obando, señala que cuando una base desconoce a su dirigencia, la cohesión se rompe. En el caso de los Karanki, esto envía el mensaje de que cada pueblo puede actuar por cuenta propia. La consecuencia es un cortocircuito en los mensajes internos y hacia la opinión pública. Mientras unas organizaciones se abren al diálogo, otras ratifican la resistencia.
Según Obando, esta división genera confusión sobre cuál es la posición oficial del movimiento indígena. La falta de unidad afecta la disciplina de movilización y la capacidad de coordinación logística. Esto debilita el rol histórico de la Conaie como actor político unificado. El Ejecutivo encuentra en esa fractura una oportunidad para dividir y priorizar a los sectores que aceptan diálogo.
Obando afirma que la división interna afecta directamente la capacidad de negociación con el Gobierno. El Ejecutivo puede cuestionar la legitimidad de las protestas y persuadir a ciertos dirigentes. Esta dinámica resta credibilidad a las demandas de los líderes más radicales. Además, abre espacio para que el Estado ejecute una estrategia de aislamiento progresivo de los sectores duros.
El analista recuerda que en 2019 y 2022 la Conaie logró mantener un frente común en la mesa de negociación. En cambio, en 2025 las fracturas se hacen públicas en plena protesta. Esto marca una diferencia sustancial con respecto a coyunturas anteriores. No obstante, Obando advierte que el aumento de víctimas por el uso de la fuerza estatal podría reactivar un espíritu de unidad superior a las divisiones.
El analista político Maximiliano Donoso-Muller considera que la dirigencia actual de la Conaie muestra un bajo poder de convocatoria. Explica que la falta de respaldo en varias provincias refleja el debilitamiento de la organización. Señala que el financiamiento de la protesta se redujo en comparación con 2019 y 2022. A esto se suma la ausencia de aliados estratégicos como los transportistas.
Donoso-Muller cuestiona si la protesta responde únicamente al subsidio del diésel. Plantea que en provincias como Imbabura inciden factores como el contrabando de hidrocarburos. También relaciona el paro con la consulta popular que abriría paso a una Asamblea Constituyente. En su lectura, el trasfondo podría ser el temor a perder representación en ese nuevo escenario político.
Sectores como la leche y la floricultura sufren graves afectaciones. Aquí la informaciónhttps://t.co/1TKUInnG5G pic.twitter.com/Htxnjz4Qr6
— El Comercio (@elcomerciocom) October 1, 2025
Para Donoso-Muller, la comparación entre Leonidas Iza y Marlon Vargas es clave para entender la coyuntura. Afirma que Iza, con todos sus matices, logró mantener cohesión interna en su paso por la Conaie. Vargas, en cambio, llega sin un apoyo sólido de las bases y sin haber identificado el cambio de contexto político. La consecuencia es un liderazgo con menor capacidad de negociación y control territorial.
El analista sostiene que esta división es más profunda y visible que en experiencias previas. Advierte que sin un liderazgo fuerte que represente a todos, no habrá posibilidad de diálogo efectivo. La actual conducción enfrenta un escenario marcado por la fragmentación y la desconfianza. En ese marco, el movimiento indígena pierde peso como actor unificado en la política nacional.