José Serrano confirmó que se solicitará la comparecencia de Pablo Celi al Legislativo. Foto: EL COMERCIO
Ocho horas después de que los legisladores de Alianza País (AP) salieran de una reunión -asegurando que se logró la unidad interna- las divergencias volvieron a aflorar. Esta vez por la posibilidad de enjuiciar políticamente al contralor Pablo Celi.
La oficialista Soledad Buendía aseguró que el bloque definió el inicio del proceso. En cambio, Daniel Mendoza, coordinador del bloque de aliados del oficialismo, dijo que lo único que se aprobó fue avanzar en la fiscalización y que luego se definirá si cabe o no el juicio político.
El argumento de Buendía es que Celi ha incumplido sus funciones. “Hay varios elementos, uno de ellos sería la auditoría de gestión a la deuda, porque no es una de sus funciones constitucionales”.
Para Mendoza, eso está por determinarse. Primero con un pedido de información, luego con la convocatoria a la Comisión de Fiscalización. Y solo con base en los insumos se evaluará qué hacer con Celi.
Durante la reunión del bloque del lunes, los legisladores acordaron asistir al Pleno del martes 15 de agosto del 2017 con un distintivo ‘verde-flex’. Era un gesto de esa unidad alcanzada. Pero no todos los legisladores lo hicieron.
A unos 45 legisladores (de 74) se los vio con bufandas, camisetas, corbatas y chaquetas con ese color del partido oficialista. Mendoza dijo que esta diferencia no evidencia una crisis sino que los legisladores de provincia, por ejemplo, no tuvieron a la mano los “atuendos de campaña”.
Entre tanto, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió convocar a Celi a la Mesa de Fiscalización, para que hable de la auditoría a la deuda y del resto de acciones que ha adoptado.
Según Mendoza, esta entidad también ha notificado a “varios” asambleístas del oficialismo sobre procesos de auditorías en su contra. Quieren que argumente si estos trabajos se realizan con justificación legal o puede pensarse que hay una persecución política.
El presidente de la Asamblea, José Serrano, descartó el martes que las acciones legislativas respondan a un “toma y daca”, tras confirmar el pedido de comparecencia a Celi.
Marcela Aguiñaga es una de las asambleístas con procesos abiertos en la Contraloría. Ella confirmo a este Diario que está pendiente la lectura del informe final sobre el proceso de compraventa de terrenos ubicados en el parque Samanes, en Guayaquil. En un documento previo se dictaminó responsabilidad civil en su contra.
Este Diario solicitó a la Contraloría la versión de Pablo Celi sobre los cuestionamientos del oficialismo. Pero se informó que mientras no haya una notificación oficial de la Asamblea no habrá una respuesta.
Además, el CAL resolvió convocar al fiscal general, Carlos Baca, para que comparezca a las Comisiones de Justicia y Fiscalización e informe sobre el avance de las investigaciones en los casos donde se involucra a la firma Odebrecht y a Petroecuador.
También esta instancia definió no revisar el archivo el pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glas. Ante esto, las bancadas de oposición de Creo, SUMA, el Partido Social Cristiano y de las minorías anunciaron una nueva solicitud. Esta será respaldada por los 63 legisladores de oposición. La mayoría de ellos aparecieron ayer en una de las salas de la Asamblea. Juntos dieron a conocer su nueva hoja de ruta.
Se sumarán como pruebas el informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal en el que se menciona a Jorge Glas, sobre la adjudicación de un campo petrolero en la Amazonía. Ese proceso está en el campo judicial, pero se lo referirá para poder hacer un tratamiento político en la Asamblea.
También los audios que ha proporcionado el delator de Odebrecht y los aportes que haga Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Petroecuador, serán incluidos en el nuevo pedido. Los opositores insistieron en su solicitud al presidente Lenín Moreno, para que llame a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, antes de que se concrete la designación del nuevo contralor. El concurso sigue su marcha (ver recuadro adjunto) y a criterio de Yoffre Poma (AP) es la manera más adecuada de elegir a la nueva autoridad.
En contexto
La Asamblea Nacional retomó su trabajo luego del receso, pero en medio de una crisis en el movimiento Alianza País, que tiene mayoría. Los legisladores de oposición, por su parte, lograron unirse alrededor de la fiscalización y del control político.