El debate por el juicio político en contra de los nueve vocales del Consejo de la Judicatura quedó aplazado para mañana sin que haya explicaciones. Los cálculos políticos terminaron por aplazarlo.
El lunes en la noche, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, envió por la red interna del Legislativo la notificación del diferimiento de la sesión del Pleno, prevista para ayer.Allí se debía analizar si se censuraba a los vocales, por supuestos actos de corrupción y falencias en el desempeño de sus funciones. Estas denuncias fueron planteadas por el asambleísta de Alianza País, Mauro Andino, quien consideró que los vocales habían incurrido incluso en un supuesto conflicto de intereses, al haber presionado a los jueces a que emitieran sentencias según sus requerimientos.
Sin embargo, los legisladores de oposición señalaron que este juicio político se inició para facilitar el camino para que el Ejecutivo reestructure al Consejo de la Judicatura, como lo plantea la consulta popular del Régimen.
Por ello, 44 asambleístas pidieron a Cordero que el juicio político sea votado después de que se realice el plebiscito, el sábado próximo. Pero Cordero rechazó este pedido y solamente ofreció que se debatiría ayer y se votaría hasta el miércoles, cuando inicie el silencio electoral.
Frente al pedido de la oposición, el bloque oficialista dijo que esos legisladores habían obtenido favores de la Judicatura para votar en contra de la censura.
El sábado pasado, el asambleísta Andino señaló, durante el enlace sabatino del presidente Rafael Correa, que la oposición quería frenar la reestructuración judicial. Aclaró que la oposición había amenazado con no dar quórum en la sesión del Pleno, para no votar en el juicio político.
Por eso el viernes, Cordero lanzó una advertencia: “no permitiré que se pretenda jugar con el quórum para entrabar el proceso interpelatorio. Si eso se da suspenderé el debate y ordenaré la inmediata votación”.
Sorpresivamente, ayer Cordero cambió de decisión y aplazó el debate para el jueves sin conocerse cuándo será la votación, pues si todos los legisladores se inscriben para hablar en el Pleno, el proceso podría durar hasta el viernes y la votación podría ser la semana siguiente, luego de la consulta.
Hasta el viernes estaban inscritos ocho legisladores para intervenir en el debate: cinco de Alianza País y tres de otras bancadas. “Aquí no podemos actuar con cálculos políticos, sino trabajar para hacer las cosas”, dijo Cordero.
Este cambio de agenda alteró los planes del oficialismo, que buscaba que la votación sea lo más pronto posible para, sea cual sea el resultado, incluir el tema en la campaña electoral, señaló el asambleísta Fausto Cobo (PSP).
Sin embargo, el coordinador de Alianza País, Virgilio Hernández, dijo desconocer los motivos de la suspensión de la reunión y aclaró que esta no fue una decisión del bloque, sino de Cordero.
Cobo informó que el propio Presidente de la Asamblea le había llamado para comentarle de esta decisión porque la campaña tenía ocupados a los legisladores y talvez no se contaría con el quórum necesario. “También fue porque si había hoy sesión del Pleno, iba a haber un debate muy duro y se iban a tratar todos los temas polémicos de la consulta, como la agresión a César Montúfar, y eso no les convenía”, señaló Cobo.
Además, según el legislador, Alianza País no cuenta con los 83 votos necesarios para la censura”.
Nueva fase en juicio a Chiriboga
El juicio político contra el ministro de Salud, David Chiriboga, entró en la fase de sustentación de pruebas y defensa de las partes. La solicitud de juzgamiento fue presentada por los asambleístas Abdalá Bucaram P. (PRE) y Francisco Ulloa (MPD), por la supuesta ineficiencia e inoperancia al ejercer la rectoría del sistema de salud. La Comisión de Fiscalización dio 15 días para que las partes presenten las pruebas de cargo y descargo.
La presidenta de esta comisión, Silvia Salgado, dijo que al igual que en otros juicios políticos se garantizará la intervención de las partes en defensa de sus argumentos. Así también espera que la ciudadanía manifieste su opinión, para que el funcionario público cumpla con su obligación de rendir cuentas.
Las acusaciones de Bucaram se fundamentan en lo dispuesto en los artículos 361 y 262 de la Constitución, que habla de la responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Nacional, encargada de formular la política nacional de salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector, especialmente en los servicios públicos estatales en todo nivel.
La solicitud del legislador Francisco Ulloa subraya que el Ministro debe responder por las muertes de los neonatos en los hospitales del Niño de Guayaquil, Domínguez de Santo Domingo y el Isidro Ayora de Loja.