Daniel Noboa cierra su primer año entre seguridad y ajuste económico
Daniel Noboa cerró su primer año con logros en seguridad y economía, pero enfrentó crisis en 2025.
El primer año completo de Daniel Noboa en Carondelet cerró con una paradoja política: el Gobierno mantuvo capacidad de acción, aprobó leyes, sostuvo medidas económicas impopulares y ejecutó operativos de alto impacto contra cabecillas criminales, pero también enfrentó reveses.
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Resultados en seguridad y economía
Noboa inició este periodo el 24 de mayo de 2025, tras ganar la reelección y luego de completar una administración extraordinaria de 18 meses, abierta por la muerte cruzada decretada por Guillermo Lasso.
Ese nuevo mandato ya no tuvo el carácter transitorio del primero. Desde ese momento, el Presidente asumió el control de un gobierno con mayoría legislativa inicial, una agenda centrada en seguridad y economía, y una expectativa de gestión más alta que la de su primera administración.
El balance del año mezcla resultados concretos y límites visibles. En seguridad, el Gobierno acumuló capturas de alto perfil, como las de Dritan Gjika, alias ‘Tony’; Adolfo Macías, alias ‘Fito’; y Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’.
También inauguró la Cárcel del Encuentro y recurrió otra vez a estados de excepción y toques de queda. Pero Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios intencionales y una tasa de 50,91 muertes por cada 100.000 habitantes, según datos atribuidos al Ministerio del Interior en la línea de tiempo revisada.
En economía, el Gobierno exhibió cifras macroeconómicas favorables. El Banco Central reportó un crecimiento de 3,7% en 2025, impulsado por exportaciones, inversión y consumo de los hogares.
Las exportaciones crecieron 6,4%, la inversión 5,6% y el consumo de los hogares 2,7%. El INEC también reportó que el empleo adecuado llegó a 37,1% en diciembre de 2025, frente al 33,0% de diciembre de 2024, y que la pobreza por ingresos bajó de 28,0% a 21,4%.
Los costos políticos del Gobierno de Daniel Noboa
Ese frente económico tuvo costos políticos. El Gobierno eliminó el subsidio al diésel, reformó el cálculo de precios de las gasolinas Extra y Ecopaís, emitió nueva deuda externa por 4 000 millones de dólares y abrió una disputa comercial con Colombia tras anunciar una tasa de seguridad de 30% a sus importaciones. Colombia respondió con aranceles a productos ecuatorianos y la CAN ordenó eliminar la medida.
En política, el Ejecutivo logró aprobar leyes con apoyo legislativo, pero la Corte Constitucional marcó límites a varias decisiones. La Corte declaró inconstitucional la Ley de Solidaridad Nacional por mezclar materias económicas, penales y de seguridad dentro del trámite de urgencia económica.
También declaró inconstitucional la Ley de Integridad Pública, su reglamento y normas conexas por vulnerar la unidad de materia, la publicidad y la deliberación democrática.
Un gobierno con capacidad de reacción
La gobernabilidad fue uno de los ejes más complejos del primer año completo de Noboa. El Gobierno tuvo margen para mover su agenda, pero no siempre logró convertir esa capacidad en conducción política estable.
El especialista en comunicación política, Andrés Obando, sostiene que Noboa logró mantener gobernabilidad, aunque enfrentó momentos que limitaron una conducción estable.
Para Obando, la derrota en todas las preguntas de la consulta popular y las manifestaciones en Azuay marcaron los principales frenos del año. También señala que el Ejecutivo logró superar episodios de alta tensión, como el paro indígena por el alza de combustibles y la aprobación de leyes en la Asamblea.
Sofía Guerrero, analista política, plantea que Noboa gobernó más desde la coyuntura que desde una estructura política sólida. A su criterio, el Presidente reaccionó con rapidez frente a las crisis, sobre todo en seguridad, y mantuvo control político por su imagen pública y su comunicación. Sin embargo, Guerrero considera que el Gobierno no consolidó una base legislativa fuerte ni un sistema estable de alianzas.
La relación con la Asamblea también muestra ese doble registro. Obando señala que Noboa avanzó con su agenda legislativa gracias a la mayoría oficialista y que ese respaldo le permitió aprobar leyes y bloquear procesos de fiscalización contra miembros del Ejecutivo.
Guerrero, en cambio, ubica esa relación dentro de una lógica de tensión política y negociación voto a voto. Para ella, el Gobierno no logró una agenda legislativa de largo plazo y la relación entre Ejecutivo y Legislativo quedó marcada por la desconfianza y el cálculo político.
La Corte Constitucional se convirtió en un límite institucional
El papel de la Corte Constitucional atravesó buena parte del año político. El Gobierno impulsó leyes, decretos y reformas bajo el argumento de la crisis de seguridad, pero la Corte revisó varias de esas medidas y estableció límites jurídicos.
Obando considera que la Corte actuó como uno de los principales contrapesos al Gobierno. Según su lectura, el organismo permitió avanzar varias iniciativas, pero también impuso condiciones, corrigió excesos y recordó que las reformas o cambios constitucionales deben cumplir requisitos legales.
Guerrero también ubica a la Corte como un límite relevante al poder Ejecutivo. A su criterio, el organismo no bloqueó por completo al Gobierno, pero sí le recordó que la crisis de seguridad no justifica gobernar sin controles. La analista relaciona esa tensión con el uso recurrente de estados de excepción, militarización y decretos presidenciales.
Ese punto tuvo traducción concreta en las sentencias sobre las leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública. La Corte no solo examinó el contenido político de esas normas, sino también el procedimiento legislativo y la forma en que el Ejecutivo y la Asamblea tramitaron reformas de amplio alcance.
La seguridad dominó el relato del Gobierno
La seguridad fue el eje principal del primer año. El Gobierno colocó a los ministros del Interior y Defensa como voceros centrales de su gestión, mantuvo el discurso de combate al crimen organizado y exhibió capturas de alto perfil como señales de avance.
El 26 de mayo de 2025, Dritan Gjika, alias Tony, señalado como cabecilla de la mafia albanesa en Ecuador, cayó en Abu Dabi tras un operativo internacional coordinado por Interpol. El 25 de junio, el Bloque de Seguridad recapturó a alias Fito en Montecristi, Manabí.
El 20 de julio, Fito llegó a Estados Unidos para enfrentar un proceso judicial. El 16 de noviembre, alias Pipo, máximo cabecilla de Los Lobos, cayó en Málaga, España.
Esos golpes tuvieron alto impacto comunicacional. Sin embargo, la cifra anual de homicidios abrió una discusión sobre la eficacia de la estrategia. Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios intencionales, un aumento de 32% frente al año anterior, de acuerdo con la información revisada.
Para 2026, El Gobierno redujo los homicidios intencionales en un 11,8% en comparación a enero a febrero de 2025, donde existieron 3 150 crímenes en Ecuador, en 2026 esta cifra se redujo a 2 778.
Obando sostiene que la lucha contra la inseguridad y los esfuerzos por la economía fueron las dos principales narrativas del Gobierno. En el primer eje, ubica a los operativos y toques de queda como protagonistas de la política y la comunicación de Carondelet.
Guerrero también identifica la seguridad como el relato central. Según su análisis, Noboa buscó proyectar una imagen de recuperación del control del país frente al crimen organizado. A esa narrativa se sumaron los elementos de eficiencia, rapidez, liderazgo joven y búsqueda de respaldo internacional.
Los toques de queda marcaron la estrategia de control territorial
El toque de queda volvió a ocupar un lugar central en 2026. En marzo, la Corte Constitucional declaró constitucional la suspensión del tránsito nocturno en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, entre las 23:00 y las 05:00, dentro del estado de excepción.
La medida empezó el 15 de marzo de 2026. Según reportes basados en cifras oficiales, el toque de queda de marzo dejó 1.283 detenidos, aunque la mayoría correspondió a personas que incumplieron la restricción de movilidad y no a personas con vínculos criminales.
En mayo, el Gobierno amplió la medida. El nuevo toque de queda rigió en nueve provincias y cuatro cantones, entre las 23:00 y las 05:00.
El uso de estas medidas permitió al Gobierno mostrar presencia estatal en territorios con altos niveles de violencia.
Pero también abrió preguntas sobre el alcance real de los resultados. Las cifras de detenidos mezclaron incumplimientos de la restricción, capturas por delitos y personas vinculadas a estructuras criminales. Esa diferencia resulta clave para medir si la política golpeó redes delictivas o si concentró sus resultados en infracciones a la movilidad.
La economía mostró recuperación
El frente económico entregó algunos de los indicadores más favorables del año. El crecimiento de 3,7% en 2025, la caída del riesgo país y la mejora de indicadores laborales y de pobreza permitieron al Gobierno sostener una narrativa de recuperación. Pero los economistas consultados advierten que esa mejora no elimina los problemas estructurales.
Sara Correa, docente de Business School de la UIDE, define el balance económico como mixto. Según Correa, la economía se recuperó tras la fuerte caída de 2024, con crecimiento real impulsado por exportaciones, inversión y consumo.
También destaca el salto de la inversión extranjera directa y el nivel de reservas internacionales. Sin embargo, advierte que el déficit fiscal volvió a ampliarse y que esa situación compromete la estabilidad hacia adelante.
Correa sostiene que los indicadores macro mejoraron, pero esa recuperación no llegó con la misma fuerza a la calle. Según su análisis, la eliminación de subsidios encareció el costo de vida y el transporte de bienes, con mayor impacto en hogares de ingresos medios y bajos.
También vincula la inseguridad con la actividad económica, porque el cierre de negocios, la baja inversión local y los problemas del turismo limitan la recuperación.
Galo Verdesoto Jácome, docente universitario y economista, identifica como aciertos la mejora de liquidez fiscal, el aumento de ingresos del Estado, la racionalización del gasto y la reducción del riesgo país. Según Verdesoto, el riesgo país llegó en mayo a 402 puntos básicos, lo que permite al Ecuador buscar financiamiento en mejores condiciones en los mercados de capitales.
El riesgo país también aparece en la línea de tiempo del año como un hito económico. El 15 de mayo de 2026 llegó a 400 puntos, el nivel más bajo desde el inicio del Gobierno de Noboa y el más bajo desde octubre de 2014, cuando se ubicó en 396 puntos.
El ajuste fiscal
Las medidas económicas más sensibles estuvieron vinculadas a combustibles, impuestos, deuda y comercio exterior. En agosto de 2025, el Decreto 83 reformó el sistema de cálculo de precios de las gasolinas Extra y Ecopaís.
En septiembre, el Gobierno eliminó el subsidio al diésel y el precio pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Esa decisión provocó un paro de 31 días, concentrado sobre todo en Imbabura y liderado por la Conaie desde el 22 de septiembre.
El paro terminó el 22 de octubre de 2025 sin que el Gobierno restituya el subsidio. El saldo incluyó tres víctimas mortales, centenares de heridos y procesos judiciales abiertos, según la información revisada.
Correa considera que la eliminación del subsidio al diésel y las alzas de impuestos ayudaron en términos fiscales, pero trasladaron costos a consumidores y a la cadena productiva. La economista también advierte que el Gobierno creó nuevos programas de gasto y que eso elevó el déficit por encima del nivel de 2024.
Verdesoto ubica entre los errores la disputa comercial con Colombia. Según su análisis, esa guerra comercial redujo el comercio bilateral en 44% y las importaciones en 70%, con un riesgo aproximado para 40.000 empleos en la zona de frontera.
El empleo y la seguridad
La recuperación económica no resolvió el problema del empleo de calidad. Correa sostiene que la inversión extranjera mostró mejores números, pero los resultados laborales todavía no son alentadores. Según su análisis, el ingreso promedio de las personas ocupadas cayó en el último año y el empleo no pleno creció de manera importante.
La economista vincula ese problema con la inseguridad. A su criterio, la extorsión, la violencia y el control territorial del crimen elevan los costos de operación, frenan la apertura de negocios y empujan a parte de la economía hacia la informalidad. Por eso plantea que la prioridad del segundo año debe ser el empleo de calidad, pero con una condición previa: control del crimen organizado.
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Verdesoto también ubica la productividad como una deuda estructural. Según su análisis, Ecuador mantiene niveles de productividad de entre 29% y 31% del promedio de la OCDE. Para el economista, el problema no radica en que los ecuatorianos trabajen menos, sino en la falta de tecnología, innovación, industrialización, capacitación y valor agregado.
La Consulta popular
El 16 de noviembre de 2025 marcó un punto político para Noboa. Ese día, el Presidente y ADN perdieron las cuatro preguntas del referendo y consulta popular. Los ecuatorianos rechazaron, entre otras propuestas, la instalación de bases militares extranjeras y la redacción de una nueva Constitución.
Obando ubica ese momento como uno de los principales factores de desgaste del Gobierno. Según su lectura, Noboa llega al cierre del primer año con señales claras de conflicto político.
Guerrero también observa desgaste. La analista sostiene que Noboa conserva fuerza política, pero ya no tiene la misma presencia del inicio ni el mismo respaldo ciudadano. En su lectura, los problemas no resueltos en electricidad, violencia, economía familiar y crisis institucional empiezan a pasar factura.
Información extra: Daniel Noboa
