La situación entre el Municipio de Quito y el Gobierno se ha vuelto tensa en los últimos meses. A las críticas que hizo el presidente Rafael Correa por la reunión de opositores en Cuenca, se incluye la petición de revocatoria de mandato para la concejala Karen Sánchez, por haber apoyado el convenio del alcalde Mauricio Rodas con los transportistas.
Pero no es el único caso, hay una polémica con el Banco del Estado por el supuesto incumplimiento de una cláusula de publicidad en un contrato. A esto se suman las constantes protestas por el tema de la legalización de barrios y de los comerciantes informales que, según fuentes internas del Municipio, son ‘direccionadas’.
El 24 de febrero, el Presidente calificó como una ‘fanesca política’ a la reunión opositora en Cuenca, entre los asistentes se encontraba Rodas. Tres días después, el Primer Mandatario volvió a pronunciarse sobre un tema referente a sus vecinos de Carondelet.
En esa ocasión, impulsó desde las redes sociales una revocatoria del mandato para una de sus ediles. Dijo que “no basta con expulsarla de País” y “los que pagamos impuestos en Quito no queremos estas demagogias y politiquería”.
El concejal oficialista Ernesto Albán niega cualquier intervención del Gobierno en el Municipio, para él fue Rodas quien estuvo detrás del ‘camisetazo’ para conseguir un voto más en el Concejo. Rodas lo rechaza y dice que son ellos los que traban cualquier trabajo por la ciudad y los que deben responder a los ciudadanos.
Ahora, al Municipio se le abrió otro frente: el Banco del Estado (BDE) dio USD 15 millones en un préstamo no reembolsable, para la adquisición de 40 unidades para el sistema de transporte público.
Según este organismo, hay un supuesto incumplimiento de una cláusula de publicidad, que establecía que se debe resaltar “el apoyo financiero del Banco del Estado”. No obstante, cuando el Municipio recibió el arte publicitario este promocionaba a la Revolución Ciudadana (ver gráfico).
Por ello la Alcaldía se negó y optó por colocar el mismo logo del BDE que tienen las 80 unidades adquiridas durante la administración de Augusto Barrera. “La diferencia es que ese sí fue un préstamo reembolsable”, dijo Albán, e insistió en que al no respetarse el convenio el BDE podría exigir la devolución de ese dinero.
“Que establezcan las acciones legales”, dijo Rodas, a la vez que pidió que se les explique a los ciudadanos por qué, en virtud de una cláusula de publicidad que no se había exigido a la anterior administración, retirarían ese dinero que es “de los quiteños”.
Otro de los temas que genera crítica dentro del Municipio es el doble discurso que se maneja en relación con las protestas ciudadanas en la Plaza Grande.
El pasado martes 10 de marzo, un grupo de 100 vendedores informales detuvo el tránsito en la Venezuela por una hora y descalificaron la gestión del Alcalde. Ellos exigían que se les permitiera trabajar libremente en el Centro Histórico. Lo propio sucedió el 5 de marzo, cuando delegaciones de barrios en proceso de regulación acudieron a las afueras del Municipio para pedir celeridad en la legalización.
La crítica radica en que este tipo de protestas, cuando son contra el Presidente, no están permitidas o son dispersadas de inmediato. “Jamás vamos a impedir las manifestaciones ciudadanas, aun aquellas que tienen motivación política y han sido impulsadas por sectores contrarios a nuestra administración”, dijo Rodas.