Esta semana, la Asamblea Nacional provocó malestar al Ejecutivo y este reaccionó con una advertencia: la facultad que tiene para disolver al Legislativo. No es la primera vez que expone ese mecanismo. Expertos consultados evalúan que el problema de gobernabilidad del presidente Guillermo Lasso se agudiza y su opción es activar la muerte cruzada.
El 4 de octubre, la Asamblea aprobó una resolución en la que se determinó el incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Gobierno de Lasso. Ese día, la asambleísta Mireya Pazmiño, ponente del informe, habló de una crisis de Estado que el Gobierno debe solucionar.
Lasso, en su Informe a la Nación, incluyó el reporte de metas del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, en el que presentó resultados de 41 metas (31,5%), y sobre 89 metas restantes (62,5%), no entregó información, consta en el informe de incumplimiento.
Más tarde, el Ejecutivo rechazó la resolución legislativa. Adujo que es absurdo determinar dentro de un año de gestión el incumplimiento de un Plan planificado para cuatro años. Lasso lleva en el cargo poco más de 16 meses. “La obstrucción sistemática del Plan, sí podría justificar la disolución de la Asamblea Nacional”, justificó.
Con esto, una vez más, el Gobierno trajo a la escena la muerte cruzada, establecida en el artículo 148 de la Constitución. Lo hizo también cuando el Legislativo archivó el proyecto de Ley de Inversiones, en marzo, y anunció que gobernaría sin la Asamblea.
El artículo indica tres causales por las que el Presidente de la República puede disolver la Asamblea: arrogación de funciones del Legislativo; obstrucción, de forma reiterada e injustificada, del Plan Nacional de Desarrollo; o por grave crisis política y conmoción interna.
Repercusiones
El constitucionalista Esteban Polo observa que en las dos últimas causales se puede dar “un alto ámbito interpretativo del Presidente en poder justificar que los actos y omisiones de la Asamblea han desembocado en que no pueda concretar este Plan Nacional de Desarrollo”. Esto dado que solo la primera causal requiere de un dictamen previo de la Corte Constitucional (CC).
Si Lasso opta por una muerte cruzada, se disuelve la Asamblea y se darían elecciones anticipadas. “Significa que el Presidente también tendría que someterse a una nueva elección”, eso puede disuadir su decisión, explica el constitucionalista. Pero añade que un elemento “atractivo” para Lasso es que podrá expedir decretos-leyes de urgencia económica mientras se instala la nueva Asamblea.
La consulta popular para enmendar la Constitución, propuesta por el Gobierno, aún espera el dictamen de la CC, por lo que la propuesta no empieza de manera formal, está en una etapa previa, dice Polo. Por lo que esto no impide que el Gobierno pueda activar la muerte cruzada.
Por otro lado, aclara que la resolución de la Asamblea solo sería un insumo para otro proceso de revocatoria de mandato que se pueda impulsar en un futuro y no para el que dirige la ciudadana Kerly Carbajal. Cuya iniciativa no pasó en el Consejo Nacional Electoral.
Problema de gobernabilidad
Al 30 de agosto del 2021, la aprobación de la gestión de Lasso fue del 74,1%, según la encuestadora Cedatos. Para agosto de 2022, solo un 25,81% califica como buena la gestión del Mandatario, según Cilck Report.
El politólogo Arturo Moscoso señala que la muerte cruzada debía darse antes, cuando la popularidad del Presidente era superior a la actual. “Con una Asamblea y una mayoría profundamente antidemocrática, no creo que haya otro camino que la muerte cruzada. Es algo que debería hacerlo ya el Presidente porque la gobernabilidad cada vez se le reduce más”, sugiere. Caso contrario, seguirá “chantajeado”.
El analista político Rodrigo Jordán considera que la consulta popular ha dejado de ser una prioridad del Gobierno. “La prioridad está en tratar de defenderse de los ataques, de sobrevivir como sea frente a una inseguridad muy fuerte. (La consulta popular) es un proceso que no la va a impulsar, no le alcanza el tiempo. El Gobierno tiene frentes, entre esos el proceso de revocatoria del mandato. Hay un riesgo de que la gobernabilidad del Ecuador esté seriamente afectada”, refiere.
Observa que hay varias fuerzas sociales y políticas que pueden poner al Gobierno contra la pared: Legislativo, organizaciones indígenas, feministas y otras organizaciones sociales descontentas. Lasso podría ir por la muerte cruzada si crece más alguna de estas situaciones, detalla: Baja aceptación de gestión, que genere caos social; si un proceso de revocatoria avanza; y si el proceso de diálogo con la Asamblea fracasa nuevamente.
Pero advierte una situación más: La inseguridad terminará por afectar el modo de producción, los estilos de vida, habrá una escalada fuerte de violencia y la sociedad va a reaccionar. “Es riesgoso porque pueden aparecer grupos paramilitares o grupos que quieran lucrar de esto”, apunta.
Entre octubre y noviembre la gobernabilidad de Lasso entrará en una etapa más crítica y eso pone en riesgo su permanencia, dice. Este Diario buscó la versión del consejero Presidencial, Aparicio Caicedo, y de la viceministra de Gobernabilidad, Ana Changuín, pero no hubo respuesta.
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