El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Hernán Ulloa, la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira, y los consejeros Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo fueron llamados a juicio político por la Asamblea Nacional.
La resolución fue aprobada este martes 15 de noviembre de 2022 con 84 votos a favor (14 más de los necesarios), en su mayoría de las bancadas del correísmo y del Partido Social Cristiano (PSC).
También hubo 32 abstenciones y 9 votos en contra, del oficialismo. En Pachakutik y la IZquierda Democrática (ID) hubo posiciones divididas.
La resolución incluyó el archivo del juicio político que era impulsado por Ricardo Vanegas y José Chimbo, de Pachakutik, en contra de los siete consejeros por haber removido a Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, entre otras causales.
Quedaron fuera de la interpelación, que arrancará el próximo viernes 18 en el Pleno, los consejeros Sofía Almeida, David Rosero y Juan Xavier Dávalos.
La moción fue presentada por Mireya Pazmiño, del ala radical de Pachakutik y quien vota con el correísmo, apoyada de su colega Ángel Maita.
Los acusan de incumplimiento de funciones al haber modificado el reglamento para la designación del nuevo Contralor General del Estado y falta de transparencia en el caso del Superintendente de Ordenamiento Territorial
Debate contra los consejeros
En el debate de esta resolución hubo acusaciones desde las bancadas del oficialismo y parte de Pachakutik hacia el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC).
“No existen fundamentos. Aquí hay un interés del Psc y Unes por tener mayoría en el Cpccs”, dijo el jefe de bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores.
Flores emplazó al socialcristiano Luis Almeida a que se abstenga de participar de esta votación por conflicto de intereses, ya que su sobrina Sofía Almeida ocupa una consejería en el Cpccs.
“No somos competentes para resolver porque todos los plazos han fenecido. Hay un grupo de partidos políticos que tienen interés en mantener a tres de siete consejeros. En Pachakutik orgánico la disposición es que se vayan todos”, apuntó Ricardo Vanegas, de la bancada del movimiento indígena.
Los asambleístas del correísmo responsabilizaron al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio(ind.), de haber intentado boicotear este proceso al entregar los informes fuera del plazo.
Pazmiño y Comps Córdova pidieron que Villavicencio, quien está suspendido desde el viernes pasado por una queja de otra asambleísta del correísmo, sea sancionado por una falta administrativa grave en este proceso.
La censura y destitución de los consejeros dependerá de una mayoría absoluta (70 votos) en el Pleno.
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