Ascendió a 13 la cantidad de abogados que hallaron puntos flacos en las sentencias de primera y segunda instancia contra El Universo. Hasta el año pasado, nueve juristas analizaron estos fallos.
A la lista se adhieren dos maestros de la Universidad Lovaina La Nueva (Bélgica) y dos miembros del Movimiento Ruptura de los 25, ex partidarios del oficialismo.
Los juristas belgas, Marc Verdussen y Nicolás Bonbled, muestran su dictamen en 22 hojas. El lunes pasado El Universo publicó un resumen de la postura bajo el título ‘Según académicos de la Universidad de Lovaina-La-Nueva, las sentencias contra El Universo serían nulas en Bélgica’.
Los catedráticos expresaron que el Presidente “debe demostrar una mayor tolerancia crítica”. Agregaron que “tiene derecho a proteger su reputación, pero las exigencias de esta protección deben ser sopesadas con los intereses de la libre discusión de cuestiones políticas”.
El presidente Rafael Correa interpuso la querella debido al artículo ‘No a las mentiras’ que se refiere al levantamiento policial del 30S. En primer y segundo nivel, el fallo fue de tres años de cárcel para los directivos del diario y su ex editor de Opinión, Emilio Palacio; y el pago de USD 40 millones para el demandante.
Para los juristas, “la atención internacional” al caso no se debe al texto del artículo de opinión, sino a “los montos astronómicos reclamados por el demandante (USD 80 millones) y aquellos montos a los que los demandados finalmente han sido condenados”.
Los catedráticos recalcaron que “la decisión del juez del proceso no contiene ninguna motivación con respecto a los supuestos daños financieros y morales sufridos”. Además que las sentencias ostentan “montos exorbitantes de daños y perjuicios”.
Aparte de este dictamen, existe uno elaborado por el concejal de Quito Norman Wray y la asambleísta María Paula Romo. Ellos establecen que “la carga argumentativa de la querella se sustenta en la importancia del cargo de Presidente de la República, y no en la del ciudadano Correa”.
También expresaron que una de las implicaciones políticas de la condena es que “el derecho a la honra (se convierte) en el bien jurídico mejor valorado y protegido de nuestro sistema penal”.
Además consideran que “en un verdadero Estado de Derecho, más en uno de derechos, no deben existir tipos penales que den mayor protección a los funcionarios públicos”. Y agregaron que las “normas de esa naturaleza son contrarias al principio de igualdad ante la ley que es fundamento de la democracia”.
Otros puntos
Verdussen y Bonbled acotan que “existe una contradicción entre actuar, en calidad de demandante, ‘como ciudadano’ (…) y sin embargo optar por la vía de una condena por “injurias calumniosas contra una autoridad pública”.
Según Romo y Wray, la querella de Correa contra el diario demuestra que “se repite una triste práctica: llevar a la arena judicial las disputas políticas”.
Los dos miembros de Ruptura 25 dicen que Palacio “sí cometió el delito de injurias”; pero que “la pretensión” de Correa es “desproporcionada y excesiva”.