El proyecto final de Ley de Comunicación no ha recogido las recomendaciones que realizó la Unesco sobre el documento legal.
A pesar de que está a punto de ser sometido a votación, todavía hay algunos cuestionamientos por temas que están en el proyecto y que no han sido superados en ninguna de las 11 versiones que ha tenido la ley hasta hoy.
La semana pasada, la Unesco distribuyó su informe sobre el Desarrollo Mediático en Ecuador durante el 2011, a propósito de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Expresión, que se celebra el 3 de mayo.
En 160 páginas, la Unesco realiza un balance sobre la situación de la libertad de expresión, el acceso a los medios de comunicación y la capacitación en nuevas tecnologías de la comunicación para los periodistas en el país.
Uno de los temas que preocupa a esta entidad, que es parte de las Naciones Unidas, es la aprobación de una Ley de Comunicación que afecte las libertades.
Estos temores no se han ido desde el 2009. El 8 de diciembre de ese año, la Unesco, junto a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hicieron sus primeras observaciones al proyecto.
Entre los temas que fueron cuestionados está la creación de un Consejo de Regulación con “facultades sancionatorias”, que llegaban incluso al cierre de un medio de comunicación.
Las alertas sobre el contenido de estos temas obligó al oficialismo a modificar el articulado. Así se eliminaron algunas de las sanciones, aunque se mantiene el Consejo Regulatorio, conformado con mayoría de delegados de las funciones del Estado. Esta conformación, precisamente, es una de las principales preocupaciones de la Unesco. En respuesta, el oficialismo señala que el proyecto ha sido modificado acogiendo las demandas de varios sectores vinculados con la comunicación.
El asambleísta Mauro Andino (Alianza País), ponente del proyecto, aseguró que esta ley permitirá garantizar el derecho de todos los ciudadanos a participar en los espacios de los medios de comunicación de forma equitativa.
Pero organismos como la CIDH, Human Rights Watch o el Comité de Protección de Periodistas (ver compartida) han cuestionado el proyecto final de la ley, por considerar que deja mucho espacio a la interpretación.
Por eso la Unesco advierte que este “debe ser mejorado”. “Se requiere la creación de un órgano regulador independiente, con autonomía financiera y administrativa, inspirado en las mejores prácticas internacionales, así como en los avances de varios países de la región, que tutele los derechos de la comunicación (…)”.
La Unesco insistió en plantear al Estado la necesidad de eliminar los delitos de opinión del nuevo proyecto de Código Penal, más allá de solo eliminar la palabra desacato del articulado.
Libertad de prensa
Este jueves 3 de mayo se celebrará el Día Mundial de la Libertad de Expresión y Prensa. Varios actos se preparan como homenaje. De su parte, la Asamblea asegura que el proyecto de ley de medios se podría votar en la segunda semana de mayo.
El informe de la Unesco también demanda de las autoridades estatales una aplicación efectiva y transparente de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y que la ciudadanía asuma este derecho.
CPJ pide archivar el proyecto
El Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) envió una carta al titular de la Asamblea, Fernando Cordero, por el proyecto de Ley de Comunicación.
En la misiva, el director ejecutivo de la organización internacional, Joel Simon, manifestó su preocupación por el texto legal, que está a la espera de ser votado en el Legislativo.
“El Comité para la Protección de los Periodistas está seriamente preocupado por un nuevo proyecto de Ley de Comunicación, que provocaría un retroceso de la libertad de prensa al promover la autocensura y restricciones en la crítica sobre los funcionarios públicos”, manifestó Simon.
El texto legal está en análisis desde hace 32 meses en la Asamblea; sin embargo, no ha conseguido los votos necesarios para su aprobación. Asimismo, se han presentado más de 10 borradores de proyecto e innumerables modificaciones al articulado, que finalmente terminaron con el texto que fue presentado al Legislativo a inicios de este mes.
Sin embargo, para el CPJ este documento incluye varios temas que permitirían la libre interpretación de la autoridad reguladora y que facilitaría la instauración de medidas sancionadoras y controladoras.
“Una evaluación del Comité sobre la legislación concluyó que varias cláusulas podrían limitar severamente la libertad de expresión en Ecuador y su lenguaje ambiguo le otorgaría al Consejo de Regulación, amplia discrecionalidad para imponer sanciones arbitrarias y censurar a la prensa”, señaló.
Por ello, pidió a Cordero que se deseche el proyecto de ley de medios y que se redacte un nuevo documento, en el que se solventen los cuestionamientos que se han presentado. “Un informe especial del CPJ concluyó que las políticas de Rafael Correa han transformado a Ecuador en uno de los países más represivos para la prensa en el hemisferio”, afirmó Simon.
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