En Ecuador, los juicios políticos son procedimientos que buscan evaluar la responsabilidad de funcionarios públicos de alto nivel, como el presidente, vicepresidentes, ministros y otros altos cargos.
En los últimos días, se produjeron varios cambios en el proceso de estos juicios políticos. Destaca la activación del juicio político contra la fiscal general Diana Salazar y la suspensión temporal del proceso contra la ministra del Interior, Mónica Palencia.
Sin embargo, la decisión de dar continuidad al juicio político a Diana Salazar tomó un nuevo giro.
Decisiones recientes en la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional decidió priorizar el juicio político contra Diana Salazar y se dejó en segundo plano el proceso contra Mónica Palencia.
Esta determinación se fundamentó en las medidas cautelares otorgadas por un juez constitucional, que ordenó la suspensión temporal del juicio político contra Palencia. La Comisión de Fiscalización deberá esperar el momento procesal adecuado para retomar este trámite.
Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, informó al juez Édgar Romero que no se convocarán sesiones ordinarias para tratar el juicio político de Palencia hasta que sea el momento procesal correspondiente.
Esta decisión cumple con la sentencia que concede una acción de protección tras el archivo de tres juicios políticos contra ministros del gobierno anterior. La Comisión de Fiscalización espera una resolución del Consejo de Administración Legislativa para avanzar con los juicios pendientes.
Incidentes en la Comisión de Fiscalización
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se reunió el 9 de septiembre de 2024. El objetivo fue discutir la calificación del juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
La sesión, que inició a las 21:00, se tornó rápidamente caótica, con gritos e insultos entre los asambleístas. El debate giraba en torno a la sentencia del juez Edgar Romero sobre la reapertura de tres juicios archivados y la calificación del juicio político contra Salazar.
Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión, suspendió el primer punto del orden del día. César Umaginga apeló esta decisión. Aguirre rechazó la apelación y afirmó que la Asamblea no debía acatar dicha sentencia. Finalmente, la apelación de Umaginga fue aprobada con cinco votos a favor, que permitió que la sesión continuara bajo la presidencia de Luis Alvarado.
Reactivar los juicios políticos
Luego, se votó una moción de Umajinga para reactivar los juicios políticos contra los exministros Sebastián Corral, Andrea Montalvo y Pablo Arosemena. Esta moción fue aprobada con cinco votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra.
La sesión siguió con la revisión de las solicitudes de juicio político contra Diana Salazar, presentadas por Gisela Garzón y Héctor Valladarez. La moción para calificar la solicitud de Garzón no fue aprobada, con cuatro votos a favor y cinco en contra.
La Comisión también discutió una moción para unificar las solicitudes de Garzón y Valladarez. Aguirre señaló que no procedía la unificación, pero la moción fue aprobada con cinco votos a favor. Ambas solicitudes quedaron bajo un solo expediente.
Pasada la medianoche, Umajinga presentó una tercera moción para calificar el juicio político contra Salazar. Afirmó que se cumplían los requisitos para proceder. Esta moción fue rechazada con cinco votos en contra. La reconsideración de la votación no fue aceptada, y la sesión concluyó a las 00:42 del 10 de septiembre.
El destino del juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, será decidido por el pleno de la Asamblea Nacional.
Ahora, el pleno de la Asamblea Nacional debería sellar el juicio político contra Diana Salazar por lo decidido en la Comisión de Fiscalización. Luis Alvarado, vicepresidente de la Comisión, notificó al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, sobre las decisiones tomadas durante la sesión.
Respuesta del correísmo sobre el juicio político
Pamela Aguirre, asambleísta, criticó la reciente decisión de no calificar el juicio político presentado por el asambleísta Héctor Valladares contra la fiscal general Diana Salazar. Aguirre afirmó que varios legisladores, incluidos los del partido de gobierno, el Partido Social Cristiano y los supuestos independientes, votaron en contra del juicio, lo que consideró como una traición al pueblo ecuatoriano.
Aguirre denunció que, de manera ilegal y vergonzosa, se pretende archivar el juicio político impulsado por Valladares. Según ella, se debía unificar las mociones antes de proceder a su calificación, algo que no se hizo correctamente, evidenciando intereses particulares para salvar a la fiscal Salazar.
La asambleísta aseguró que el juicio político sigue vigente y que se retomará en el momento procesal pertinente. Aguirre afirmó que continuarán trabajando para que el proceso presentado por Valladarez avance, insistiendo en la necesidad de respetar las normas legales y el debido proceso.
Multas y sanciones por demora en los procesos
La Unidad Judicial Penal de Quito, ubicada en la parroquia Quitumbe, ha impuesto una multa a los miembros de la Comisión de Fiscalización por no cumplir con una sentencia anterior. La sanción, anunciada por el juez Edgar Javier Romero Salazar, se fundamenta en la falta de acciones claras para sustentar los juicios políticos contra exministros y exsecretarios de Estado.
La multa corresponde al 50% de una remuneración básica unificada del trabajador en general y se incrementará diariamente hasta que se cumplan las obligaciones establecidas en la sentencia, conforme al artículo 132 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
Próximos pasos en la Asamblea Nacional
Si se sigue la orden del juez para continuar los juicios políticos de los funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso, la Asamblea Nacional deberá reorganizar su agenda para procesar cada caso en el orden inicial establecido, priorizando los juicios pendientes según lo dispuesto por el Consejo de Administración Legislativa.
De esta manera, los juicios políticos seguirían el siguiente orden:
