El juicio del caso Pruebas PCR que investiga al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, empezará desde cero tras ser declarado nulo de toda etapa por un Tribunal Penal de la Corte de Pichincha este miércoles, 17 de mayo de 2023.
El juicio que involucra a Yunda y a 13 personas más está relacionado con un presunto peculado.
Según las investigaciones de Fiscalía, se presumen irregularidades en la adquisición de 100 000 pruebas para detectar covid-19 en el Municipio de Quito en el inicio de la pandemia de 2020.
Según una pericia contable, la adquisición con la empresa Salumed habría ocasionado un perjuicio de USD 2.2 millones para la ciudad.
Proceso con trabas legales
El juzgamiento inició el 30 de septiembre de 2021. Un mes después, el 21 de octubre, Jorge Yunda utilizó el recurso legal de la recusación contra el juez Fabián Fabara, parte de los tres miembros del Tribunal.
Cuando comenzó la presentación de la defensa de los procesados, se produjeron incidentes. Marcelo Icaza, abogado del exalcalde aseguró que el juez Fabara no era imparcial y solicitó que lo recusen.
Los magistrados a cargo concluyeron que Fabara actuó de forma parcializada y lo distanciaron del caso en julio de 2022 tras los respectivos recursos de apelación.
Para septiembre de ese año, el sorteo asignó a la jueza Lady Ávila para que remplace a Fabara. Sin embargo, el proceso tuvo que alargarse dos meses más debido a las solicitudes justificantes de Wilson Lema y Patlova Guerra, miembros del Tribunal, para alejarse del juicio.
En noviembre de 2022 se sorteó a dos integrantes más para conformar los jueces a cargo. Mónica Bravo y José Jiménez acompañaron a la elegida Lady Ávila.
Finalmente, Bravo recibió una nueva recusación tras las elecciones seccionales en las que participó Yunda y fue remplazada por la jueza Dilza Muñoz, quien junto a Jiménez y Ávila, declararon la nulidad de la audiencia este mayo de 2023.
Tras esta última decisión, el caso deberá ser convocado desde cero.
¿Qué es la recusación legal?
La recusación es un instrumento procesal por el cual los involucrados solicitan analizar las competencias del juez a cargo para que se decida si está en la capacidad de continuar o no con el caso.
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