El juicio político a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) arrancó con viada en el Pleno de la Asamblea este viernes 18 de noviembre de 2022. A los interpelantes les tomó menos de 30 minutos de las dos horas que tenían para presentar las pruebas, mientras los acusados tacharon de ilegal al procedimiento.
Ibeth Estpiñán y María Fernanda Rivadeneira ingresaron al hemiciclo con la bandera del Ecuador. Fueron las primeras en ejercer su defensa, antes que lo hicieran el presidente del organismo, Hernán Ulloa y el consejero Francisco Bravo.
Los interpelados centraron sus descargos en cuestionar la legalidad de este proceso, pues señalaron que fueron convocados sin conocer las causales ni el informe de la Comisión de Fiscalización que tomó más de un mes en sustanciar esta causa.
Rivadeneira señaló que el secretario de la Asamblea se arrogó funciones, al entregar una interpretación legal sobre la preclusión del expediente de Fiscalización, lo que permitió a la mayoría compuesta por el correísmo, el Partido Social Cristiano y sus aliados llamarlos a juicio político y dejar por fuera a los consejeros Sofía Almeida, David Rosero y Juan Xavier Dávalos.
Estupiñán manifestó que se presentaba “en rebeldía porque este es un juicio a la carta, un juicio con dedicatoria, y con claros intereses partidistas, un juicio ilegal, donde se mociona antes de escuchar a los interpelados”.
Moción anticipada
Precisamente, antes de que ellos ejercieran su defensa, Ángel Maita, asambleísta del ala radical de Pachakutik, mocionó al Pleno la censura y destitución de los consejeros. Junto a su coidearia Mireya Pazmiño, los acusaron de incumplimiento de funciones.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), anunció que en las primeras horas de este sábado 19 de noviembre de 2022 se tendría una resolución. Tenía cinco días para convocar a esta sesión del Pleno, pero lo hizo el lunes pasado una hora después de que 84 asambleístas resolvieron continuar con este proceso.
Los asambleístas interpelantes acusaron a los consejeros de incumplimiento de funciones por dos causales: el haber modificado el reglamento para la designación del nuevo Contralor del Estado en medio del concurso, y falta de transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial.
Como parte de sus pruebas, Maita reprodujo un audio sobre una conversación de Ibeth Estupiñán con una aspirante a la Superintendencia. La consejera aseguró que se tratan de “audios filtrados, manipulados” y cuestionó que “a cualquier panfleto le llamen prueba”.
Estupiñán acusó a la mayoría liderada por el correísmo y el PSC de pretender asumir el control del Consejo de Participación para designar autoridades como el Contralor General del Estado y así desvanecer glosas a sus afines y “tener un arma política” para perseguir a sus detractores.
“Orgullosa vengo con la bandera porque no le debo el favor a ningún actor político para ser consejera. Yo sabía que se venía este juicio político porque no tengo padrinos”, enfatizó Estupiñán. Asimismo, Rivadeneira dijo que se han violado sus derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso y al trato en igualdad de condiciones. “¿De qué debo defenderme si no existe ningún informe?”, increpó.
Acción de protección
Antes de que la sesión se instalara, con la presencia de apenas 70 de los 137 legisladores, el asambleísta independiente Washington Varela acudió a la unidad judicial de Quitumbe para presentar una acción de protección. Varela, quien forma parte del bloque oficialista, demandó que se anule esta sesión al considerar que se han cometido ilegalidades.
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