Jueza dicta prisión preventiva contra Johana Núñez, prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas

Johana Núñez, prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, es investigada por un supuesto incremento patrimonial.

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La prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, recibió una orden de prisión preventiva este domingo 6 de septiembre de 2026, dentro de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.

Una jueza anticorrupción acogió el pedido presentado por el fiscal del caso durante la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos.

Jueza ordenó la retención de más de 309 000 dólares

Además de la prisión preventiva, la magistrada dispuso la retención de 309 646 dólares y prohibió la enajenación de bienes de la funcionaria provincial.

La audiencia comenzó el miércoles 2 de septiembre. Después de escuchar los argumentos de las partes procesales, la jueza suspendió la diligencia para analizar el caso y anunciar su resolución este domingo.

Fiscalía investiga un incremento patrimonial

El caso comenzó el 8 de junio de 2026, después de que la Fiscalía recibiera una denuncia anónima mediante su Buzón de Transparencia. La alerta mencionaba presuntos actos de corrupción en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Según la investigación fiscal, Núñez habría incrementado su patrimonio en más de tres millones de dólares entre 2018 y 2025. Los elementos recopilados durante la investigación previa sirvieron como fundamento para la formulación de cargos.

La investigación también incluye a tres personas del círculo familiar de la prefecta. De acuerdo con la Fiscalía, estas personas constan como candidatas a cargos de elección popular y esa condición fue certificada por el Consejo Nacional Electoral.

El organismo señaló que los tres investigados gozan de inmunidad durante el proceso electoral, conforme al artículo 108 del Código de la Democracia.

Revolución Ciudadana rechaza el proceso contra Johana Núñez

La Revolución Ciudadana, movimiento que respaldó la candidatura de Núñez, difundió un comunicado el 3 de septiembre en el que expresó su apoyo a la prefecta y calificó el proceso como una “persecución política”.

La organización señaló que, semanas antes de la formulación de cargos, Núñez había denunciado públicamente una supuesta campaña de intimidación contra ella, sus familiares y colaboradores.

El movimiento también remarcó que el proceso se encuentra en su etapa inicial y que no existe una sentencia. Además, aseguró que defenderá el derecho de la prefecta al debido proceso y a la presunción de inocencia.

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