Cuatro miembros del Consejo de la Judicatura fueron posesionados el pasado martes 19 de junio del 2018. El viernes 22 designaron 23 nuevos fiscales. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio reemplazó a ocho de los 23 fiscales provinciales que había designado el viernes pasado.
En este grupo está Guillermo Moreno, hermano del presidente de la República, Lenín Moreno, quien estaba a cargo de la Fiscalía de Napo. En su lugar estará José Córdova.
El hermano del Primer Mandatario no podría aceptar la designación porque incumple el artículo 2 de la resolución 002A-2018 del CJ. Esta normativa prohíbe encargar las fiscalías a quienes ocuparon esos puestos en el período entre el 2016 y el 2018.
Anoche, el CJ emitió la resolución 005A-2018 en la que designó a los nuevos fiscales. En Guayas y Galápagos trabajará Edmundo Briones en lugar de René Astudillo.
En la resolución anterior, Briones estaba a cargo de Santa Elena. Es el único fiscal de la lista que fue reubicado. Los demás fueron reemplazados.
En Carchi, prestará sus servicios Rosa Moina en lugar Manuel Guerrero. En Cañar, María Caguana reemplazará a Jorge Vélez. Otro cambio se produjo en la provincia de Loja con la incorporación de Gina Gómez de la Torre en reemplazo de Gustavo Benítez.
Por otra parte, en Esmeraldas ya no será designado Carlos Espinosa y se posesionará a Ximena de Lourdes Mora.
Santa Elena será liderada por Nelson Vela. El fiscal provincial de El Oro será Marco Ordeñana y ya no Luis Caivinagua.
Finalmente, en Sucumbíos ya no estará Fabián Salazar sino Silvia Juma. Entre los fiscales que no asumirían el cargo están quienes tuvieron observaciones dentro del CJ.
La forma en que se dio la designación de los fiscales el viernes 22 es un tema que preocupa a los asambleístas.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, envió un correo electrónico al resto de la mesa. Ahí informó que será invitado nuevamente Marcelo Merlo, como titular de la Judicatura. La convocatoria fue difundida oficialmente la noche de ayer y la cita está agendada para las 09:00 del miércoles 4 de julio.
En la anterior invitación, el martes, el presidente del CJ se excusó de asistir. Legisladores como Luis Pachala, de Creo, exigen respuestas para conocer cómo se realizó la lista de los 23 fiscales provinciales encargados.
Mientras ese proceso se cierra, la Judicatura se enfocará en redistribuir los servidores para mejorar la cobertura en el país. Merlo señaló que el principal problema es la carga de procesos que tiene cada fiscal. “Vamos a hacer reasignaciones de fiscales para conseguir un equilibrio”.
Puso como ejemplo lo que sucede en Manabí. En esa provincia hay dos fiscales por cada 100 000 habitantes, lo que a criterio del funcionario transitorio es “preocupante”.
A esto se suma la necesidad de tener más personal. Ecuador cuenta con 4,5 fiscales por cada 100 000 habitantes, cuando deberían ser ocho, según estadísticas del CJ.
Los consejeros de la Judicatura tratarán en los próximos días varios temas pendientes desde la anterior administración. Hernán Ulloa, abogado de los jueces destituidos bajo la figura de error inexcusable, se reunió ayer con el vocal Juan Pablo Albán para plantear medidas para restituir a sus
defendidos en los cargos. Según el jurista, el CJ no podía aplicar esa figura ya que no tenía competencia para hacerlo.
Las inquietudes de Ulloa serán trasladadas al Pleno en una próxima reunión del Consejo.
