Imagen referencial de Jorge Glas, exvicepresidente del Ecuador. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
Jorge Glas intenta ser restituido en el cargo de Vicepresidente de la República. La mañana de este miércoles, 2 de mayo del 2018, su defensa, encabezada por Alejandro Vanegas, indicó que se presentó un recurso de protección en contra del presidente Lenín Moreno y de los asambleístas que votaron a favor de su destitución.
Vanegas, en rueda de prensa, expuso una copia de la acción judicial en la cual se solicita revertir la cesación de las funciones de Glas como Segundo Mandatario, acción que es calificada como “ilegítima, arbitraria e ilegal”.
Según la defensa, la destitución no se ajustó a derecho incumpliendo “gravemente la Constitución”. Esto porque el presidente le retiró sus funciones y fue encarcelado sin pruebas, con grandes irregularidades en el proceso.
“Luego se define en forma arbitraria la vacancia del cargo en la que a Glas no se le permite su derecho a defensa ni a comparecer ante la Asamblea”, dijo Vanegas.
Para el jurista, hay la inexistencia de un control constitucional y una metodología cuestionable que en palabras del abogado fue una “pena injusta y desproporcionada” dentro de la destitución del exvicepresidente.
El Jefe de Estado anunció el 3 de enero que Glas había perdido su cargo, tras haber cumplido 90 días de ausencia definitiva. Un día después la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, entregó la documentación correspondiente a la Asamblea para certificar la pérdida del cargo.
Luego, presentó la terna escogida por el presidente para la elección de la nueva vicepresidenta constitucional. El Legislativo escogió el 6 de enero con 70 votos a favor aprobó la ausencia definitiva de Glas y eligió a María Alejandra Vicuña como su sucesora.
Glas cumple una sentencia de seis años de prisión en Quito acusado de asociación ilícita dentro del caso de corrupción de la firma brasileña Odebrecht.
La defensa también contempla acudir el 15 de junio del presente año ante las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir la revisión de las supuestas violencias constitucionales cometidas en contra del defendido.