27 de July de 2012 00:02

Jorge Zavala Egas: Todos los concursos del poder Judicial están bajo sospecha

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Jorge Zavala Egas.  Abogado, ex vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales

Su experiencia.  Doctor en Jurisprudencia. Abogado de la Presidencia de la República, Subsecretario de Aduanas, Director de Autoridad Portuaria de Guayaquil 2001 y 2004.

¿Hubo transparencia en las actuaciones del fiscal Antonio Gagliardo, quien desistió de la denuncia en contra del juez Juan Paredes, quien condenó a El Universo en el juicio del Presidente?

El fiscal se excusó de seguir tramitando esa denuncia por sentirse que no estaba con la imparcialidad o la independencia necesaria para dar un dictamen libre de toda sospecha. Él anunció que no podía ser imparcial, que no podía ser independiente. En definitiva, toda sospecha cae sobre ese dictamen de no imparcialidad por ser bastante justificada.

La decisión del Fiscal se dio a dos días de que Paredes se posesionara como nuevo magistrado, al ganar un concurso que fue cuestionado.

Pues el dictamen del Fiscal no tiene el poder decisorio porque quien ordena el archivo es el presidente de la Corte del Guayas. Veremos qué sucede en el futuro: si él va a ordenar el archivo tal como lo solicita el fiscal.

¿Paredes debió abstenerse de participar en el concurso, ya que era investigado por el fallo condenatorio al diario?

Jurídicamente no estaba obligado. Pero por la respetabilidad que merece el cargo de un juez libre de sospecha, al menos yo no habría participado en concurso.

¿El cargo que ganó Juan Paredes está bajo sospecha de imparcialidad?

Evidentemente, negarlo sería imposible. Pregunte a cualquier ciudadano ecuatoriano, medianamente informado, y lo máximo que podrá decir es que la objetividad del concurso a ese cargo está enteramente bajo sospecha.

¿Podría caer bajo la misma sospecha el concurso a la Corte Constitucional, donde participa el fiscal Gagliardo?

No creo que actualmente ningún concurso en el poder Judicial, incluida la Corte Constitucional, sea imparcial. El Ejecutivo está seleccionando y nombrando, a través del Consejo de la Judicatura en Transición, a las personas. Por lo tanto, cualquier nombre que me diga está inmerso en esto que se viene gestando y concretando desde la consulta popular.

¿Entonces son concursos con dedicatoria y a dedo?

Claro que sí. Creo que si usted analiza cualquiera de los concursos que se ha hecho, ninguno se libera de la sospecha.

¿Incluido el del fiscal general de la Nación donde fue elegido Galo Chiriboga?

Todos. La captación de la Justicia por parte del Ejecutivo es una realidad. Nadie lo puede negar y el que lo niega vive en otro país.

¿Por qué lo hace?

Siempre se hace la captura del poder Judicial por dos motivos: defensa de eventuales procesos civiles o penales contra los funcionarios del Régimen; y como arma política para la oposición.

¿Lo que antes cuestionaba este Gobierno, que la Justicia estaba en poder de un dueño, ahora está repitiendo?

Sí, y no solamente con las altas Cortes como era antes, sino a todo nivel. Desde los jueces de la Niñez y Adolescencia, de Tránsito, de Inquilinato, Temporales, Cortes provinciales y Corte Nacional. Todo está en manos del Ejecutivo.

¿Con el nuevo cargo a Paredes se podría decir que el Gobierno perdió la vergüenza?, asignó a un juez que supuestamente favoreció al Presidente de la República en el juicio contra El Universo.

Aquí no se puede hablar de vergüenza o pudor, aquí se puede hablar de objetivos políticos. Y los cargos judiciales están siendo tratados a nivel de objetivos políticos y no para la depuración de la administración de Justicia ni la cacareada revolución judicial.

¿Al ciudadano común cómo le perjudica o beneficia?

El momento que un juez es dependiente de las órdenes de los partidos políticos o de los padrinos políticos o de jefes políticos, ningún ciudadano del Ecuador puede estar confiado en que sus bienes, su libertad, su familia esté libre de esa injerencia.

¿Hay algo que se pueda hacer ante esos hechos?

Hemos creado la fundación de Comunicación en Cuestiones Constitucionales y hay dos acciones concretas. La primera es publicar todos los fallos donde se demuestra la no parcialidad de los jueces con respecto al poder Ejecutivo. Se publicará un folleto una vez al mes y el primer número saldrá alrededor del 15 de agosto. La segunda, entre septiembre y octubre, es la denuncia a la Comisión de Derechos Políticos de las Naciones Unidas, ante el Relator para que visite el país y constate en persona esta captura del poder Judicial por parte del Ejecutivo.

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