La diligencia inició a las 08:30 de este viernes 1 de febrero de 2019. Foto: Cortesía de la Fiscalía
Llegó con camiseta azul y jean. Iván Espinel fue trasladado desde el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil hasta la Unidad Judicial penal 2, en el Albán Borja, norte de la ciudad, para la reinstalación de la audiencia de juicio por el presunto delito de peculado que se sigue en su contra.
La diligencia inició a las 08:30 de este viernes 1 de febrero de 2019. El exministro de Bienestar Social llegó justo a la hora pactada. A esa hora, el Tribunal penal conformado por los jueces Edwin Logroño, Smirnova Calderón y Dora Vargas, dieron paso a la reinstalación del juicio.
El pasado 26 de noviembre de 2018, el juez Patricio Vidal llamó a juicio al también exministro de Inclusión Económica y Social y a seis personas más por el presunto delito de peculado. A ellos la Fiscalía General del Estado los acusó por el perjuicio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por USD 130 000 en contratos con clínicas privadas.
Para las investigaciones del presunto delito, la Fiscalía se basó en un informe de responsabilidad penal elaborado por la Contraloría General del Estado, sobre los contratos firmados durante la gestión de Espinel entre 2012 y 2014. En el documento se menciona supuestamente un daño económico de USD 43 millones. No obstante, durante la audiencia, la Fiscalía los acusó por USD 130 000.
El abogado defensor de Espinel, César García dijo que esperan un fallo favorable para el exfuncionario. Sostuvo que durante el día se descargaran todas las pruebas de la Fiscalía contra su defendido.
El jurista señaló que desde un inicio han insistido en la inocencia de su cliente. “Tenemos documentos que prueban que Iván Espinel no cometió los cargos de los que se los acusa”, dijo García.
Este es el segundo juicio que enfrenta Espinel, quien fue candidato presidencial en el 2017. El 21 de septiembre pasado, el juez Francisco Mendoza, de la Unidad Multicompetente del cantón Samborondón, lo llamó a juicio por el presunto delito de lavado de activos. En ese proceso fue acusado basado en un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que determinó presuntos movimientos inusuales en sus cuentas bancarias.