La inmunidad de Galo Lara regresa al debate por el caso Quinsaloma
Legislador de Los Ríos. Lara fue inculpado en un triple crimen.
El camino que tomará la reciente acusación formulada por el fiscal general, Galo Chiriboga, en contra del asambleísta Galo Lara (PSP), por el crimen de Quinsaloma, no es claro. Se ha abierto el debate de si este supuesto delito, donde no tendría nada que ver su condición política, está blindado con la inmunidad parlamentaria.
El jueves 8 de diciembre del 2011, Lara se benefició de esa figura. Fue cuando la Corte Nacional pedía autorización al Legislativo para iniciar las causas penales interpuestas por el presidente Rafael Correa y la ex ministra de Inclusión, Ximena Ponce. En la sesión 139, la moción para retirarle el fuero de Corte tuvo 70 votos en contra, incluidos ocho aliados de Alianza País. Solo 51 legisladores votaron a favor; tres socios del oficialismo se abstuvieron.
Ocho meses después, Lara se enfrenta a la demanda por el caso Quinsaloma. La semana pasada, el fiscal General, Galo Chiriboga, lo acusó de ser el supuesto autor intelectual, junto a la madre de sus mellizos, del crimen ocurrido hace un año en Los Ríos.
Chiriboga pidió la prisión preventiva para todos los procesados. Pero el juez Merck Benavides, considerando que Lara es asambleísta, solo dictó medidas cautelares: prohibición de salir del país y la disposición de que se presente cada 15 días ante la Corte.
El abogado de Lara, Juan Vizueta, indicó que esperan la notificación del auto de llamamiento a juicio. Para él está pendiente el pronunciamiento del juez Benavides sobre la posible exclusión de dos pruebas que -cree- violan las garantías del debido proceso.
Se refiere a un video de un procesado, en el cual se inculpa a Lara. Y una versión anticipada urgente presentada por la Fiscalía de un detenido por asesinato, que dijo haber recordado que su compadre, una de las víctimas, habría sido amenazado por el legislador.
Para el abogado resulta inverosímil que se tome en cuenta un video, cuando durante el juicio a diario El Universo, no se le otorgó valor a los videos de la jueza Mónica Encalada, porque no hubo una autorización judicial.
Más allá del desarrollo de la causa a nivel penal, Vicente Taiano (ex Prian, hoy PSP), opina que el juicio podría quedar nulo.
Taiano acepta que a su colega Lara le imputan un delito común, que nada tiene que ver con el ejercicio de legislador. Pero “todavía mantiene esa investidura legislativa.Para que la función judicial pueda tocarlo debió levantársele la inmunidad”.
El ex Madera de Guerrero, Enrique Herrería, por ejemplo, retuvo su inmunidad, pese al pedido de Camilo Samán, titular de la CFN en un juicio reciente. Por eso le pide a Fernando Cordero hacer que se respete a la Asamblea. Recuerda que el art. 128 de la Constitución señala que los asambleístas solo pueden ser apresados cuando se les imputa un delito flagrante. Así, el pedido de prisión del fiscal Chiriboga para él no procede. Y que el juez Benavides tampoco podía solicitar medidas cautelares sin que a Lara se le levante la inmunidad. El jueves, la defensa de Lara acudió ante la Comisión Interamericana de DD.HH. para pedir que, a través de medidas cautelares, se detengan todas las disposiciones dadas por el juez Benavides. Lara dice que el juicio en su contra es una consecuencia “de su actividad fiscalizadora”.
El oficialista, Gabriel Rivera advierte: “el Presidente solo repite lo que nos dice la gente: Cómo ese tipo de gente es asambleísta”.
Rivera espera que en la primera reunión de bloque, tras la vacancia que concluye el lunes, se estudie el proyecto para depurar al Legislativo. Y recalca que este juicio Lara a ajeno a su papel legislativo.
