El informe para primer debate de la Ley del Régimen Especial de Galápagos fue aprobado hoy por unanimidad en la Comisión de Gobiernos Autónomos. En él se establece que las concesiones de operación turística tendrán una vigencia de 15 años y que por lo menos el 20% del total de las concesiones se destinarán para los sectores de la economía popular y solidaria.
El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Virgilio Hernández, indicó que el concesionario de un cupo podrá optar por la renovación de la concesión con una calificación adicional favorable por la inversión realizada. No obstante aclaró que los contratos ya no serán indefinidos.
Sin embargo, la mesa dejó abierta la posibilidad de revisar el plazo una vez que se obtengan los estudios de riesgo e inversión. Para ello, durante la elaboración del informe para segundo debate se convocarán a los directivos de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Hernández aclaró que los 15 años permiten recuperar la inversión y generar una rentabilidad justificable.
En la actualidad existen 82 concesiones de operación turística que están en manos de particulares, mientras hay un sinnúmero de organizaciones y asociaciones de pescadores y de las juntas parroquiales que quieren ser operadores turísticos. Por eso, se fijó que el 20% de las concesiones tiene que ser para operadores comunitarios, colectivos y asociativos. “Si en el futuro se abren nuevos cupos, estos serían para los que forman parte de la economía social y solidaria, con lo cual se propicia la asociatividad y se democratizan los beneficios del turismo”, aseveró Hernández, proponente de este artículo.