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Los gremios de Imbabura esperan que el Gobierno Nacional amplíe las medidas económicas anunciadas para la reactivación de la provincia, Carchi y parte de Pichincha, afectadas por el paro indígena y campesino que duró un mes. Los sectores productivos consideran que los incentivos actuales no cubren el impacto total de las pérdidas.
Ramiro Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Ibarra (CCI), propuso que el Ejecutivo reduzca el IVA del 15% al 8% durante seis meses consecutivos y para todos los sectores productivos.
El Gobierno aceptó parcialmente la propuesta, aplicando la rebaja únicamente al sector turístico y solo durante los feriados y fines de semana. Aguilar espera que antes del feriado de noviembre el Ejecutivo apruebe la reducción completa.
El dirigente sostiene que la medida permitiría reactivar las empresas, que enfrentan pérdidas de alrededor de 80 millones de dólares por el paro registrado entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre.
Según cálculos de la CCI, el Fisco dejaría de recaudar unos 30 millones de dólares con la reducción del IVA, aunque el incremento de ventas compensaría esa cifra.
La CCI agrupa a 350 empresas que generan más de 20 000 empleos directos. Aguilar afirma que su recuperación resulta esencial para el desarrollo económico de la provincia.
El presidente de la Cámara de Comercio de Otavalo (CCO), Pablo Balladares, señaló que el 40% de las pérdidas totales en Imbabura corresponde a Otavalo.
Reconoció la agilidad del Gobierno en aprobar alivios financieros, como el crédito 7×7 —con préstamos desde 20 000 dólares al 7% de interés y a siete años plazo—, el bono de 1 000 dólares para emprendedores y la campaña de promoción turística de Imbabura en medios nacionales.
Estos acuerdos surgieron tras las reuniones del lunes 27 de octubre en Ibarra entre los gremios, el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, y la gobernadora Elsy Landeta.
Balladares considera necesario que el Municipio y la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, participen en los planes de reactivación, aunque dice desconocer sus acciones al respecto.
Las cámaras de comercio de Ibarra y Otavalo estimaron que Imbabura perdió cerca de 2 millones de dólares diarios durante el feriado nacional del 9 de octubre, que duró cuatro días.
En total, el impacto fue de unos 8 millones de dólares, especialmente en los sectores turístico y textil del cantón Antonio Ante.
Para el feriado de noviembre, que se extenderá del sábado 1 al martes 4, los gremios esperan recuperar una cifra similar.
Con ese objetivo, los propietarios de hosterías y restaurantes en la cuenca del Lago San Pablo promueven las ventajas del destino e insisten en que las carreteras permanecen habilitadas, ante la percepción errónea de que resultaron dañadas por el paro.
Emprendedores y comerciantes de Otavalo intentan superar la crisis. Óscar Peralta, diseñador gráfico, perdió entre 5 000 y 7 000 dólares por no poder abrir su local, entregar trabajos ni comprar materiales. También debió despedir a un empleado.
Asegura que el paro no terminó del todo, ya que en redes sociales continúan los ataques hacia quienes se opusieron a la movilización. Propone una campaña de concienciación para evitar agresiones y promover el respeto a derechos como el trabajo, la movilidad y la libertad de expresión.
Peralta considera que la presión social dentro de las comunidades influyó en la decisión del Municipio de Otavalo de suspender el desfile cívico–militar previsto para el 31 de octubre, con motivo de los 196 años de fundación de la ciudad.
Marcos Castillo, administrador de una farmacia, registró una caída del 70% en las ventas por la paralización de clínicas privadas, lo que redujo la prescripción de recetas. Además, un grupo de manifestantes le dañó las llantas del vehículo, y tuvo que gastar 30 dólares en repararlas.
El Decreto Ejecutivo 192, firmado el 27 de octubre de 2025, establece acciones para apoyar la reactivación económica en Carchi, Imbabura y parte de Pichincha. Entre las principales disposiciones constan:
Estas medidas no generan intereses moratorios, recargos ni multas.
El Gobierno también ofrece otros mecanismos financieros, entre ellos:
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