El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Hernán Ulloa, dijo este jueves 17 de noviembre de 2022 que, si los integrantes de la mayoría son destituidos, los nuevos consejeros no podrán echar abajo los concursos públicos que están en marcha.
Ulloa junto a la vicepresidenta Fernanda Rivadeneira y los consejeros Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo están llamados a un juicio político en la Asamblea Nacional. El viernes 18 de noviembre se inicia el proceso de interpelación en el Parlamento. Los consejeros de la minoría, Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos están fuera del enjuiciamiento.
“Si en febrero o marzo hubiéramos estado procesados políticamente, quizá hubiera sido un objetivo para los que tienen intereses en los concursos porque hubieran tenido el control de todos los procedimientos. Pero a la fecha, no hay posibilidad de mover las cosas tal y como se encuentran. No existe la posibilidad de que, en caso de nuestra censura, vengan nuevos consejeros a decir vamos a suspender el proceso. Todo está consumado“, aseguró Ulloa durante una entrevista en radio Única.
El titular del Consejo explica que no es posible que se hagan cambios porque el actual Cpccs ya posesionó a las comisiones ciudadanas de selección. Esas delegaciones son las encargadas de designar a los nuevos vocales tras la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), a los titulares de la Defensoría Pública y de la Contraloría General del Estado.
“Las comisiones son las que llevan los concursos. Ellos no están sometidos a procesos políticos, deben continuar con su trabajo hasta la designación independientemente de quién sea consejero y quién no lo sea. Ese es el blindaje que se ha puesto al proceso”, agregó.
Logística gastada
Además, dijo que ya se gastó recursos públicos en estos procedimientos, por ejemplo, en publicaciones, logística, trámites administrativos y la Cadena Nacional para la convocatoria del concurso para la Contraloría. Advirtió que el consejero o asambleísta responsable de que los concursos fracasen se tendrá que hacer cargo más adelante, tras cualquier acción que inicie la Contraloría a los procedimientos.
“Si a alguien se le ocurre decir que con cuatro consejeros fuera, vamos a tumbar los procesos, esa persona va a pensar mil veces porque sobre ella va a recaer consecuencias de la Contraloría”, expresó el titular del Cpccs. Por esos antecedentes está seguro de que nadie tocará los concursos.
Concurso para la Contraloría
Ulloa destacó que el concurso de la Contraloría tiene uno de los procedimientos más sólidos para designar a su titular porque en la etapa de impugnación ciudadana participaron legisladores.
Tampoco será fácil hacer cambios mediante una resolución porque en cada paso dado se exhortó a la misma Contraloría que revise “para que el día de mañana no digan que se hizo un mal trabajo“.
El período para inscribir postulaciones a este concurso culmina el 25 de noviembre de 2022.
Presidente Ulloa cuestiona proceso en la Asamblea
A un día de la interpelación, Ulloa aún sostiene su posición de que el juicio tiene un sesgo político para liberar a los consejeros de la minoría. Espera que los legisladores que votaron por el llamado a juicio “reflexionen respecto de sus actuaciones”, porque “una votación ilegal” podría generar consecuencias sobre los asambleístas.
Adelantó que dentro del marco constitucional del derecho hay la facultad de revisar cualquier tipo de decisión pasa saber si ha existido afectaciones en la garantía del debido proceso. Aclaró que no desea anticiparse a los hechos ni generar enfrentamientos, pero “sabré tomar mis decisiones luego de escuchar la decisión de la Asamblea”, manifestó. A su criterio, se debe archivar el juicio.
Si los cuatro consejeros de la mayoría resultan destituidos, le corresponde reemplazarlos a: Carlos Figueroa, Mónica Moreira, Karina Ponce y Jaime Chugchilán, según confirma el Cpccs.
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