Ayer en la tarde, Felipe Granda, juez de la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) renunció al cargo, alegando “razones personales”.
Él era uno de los tres magistrados que analizan el juicio en contra de los directivos de diario El Universo, Nicolás, César y Carlos Pérez; y del ex editorialista del medio, Emilio Palacio, por supuestas injurias calumniosas en contra del presidente Rafael Correa. El caso está en la etapa de casación.
El 21 de diciembre Granda pidió licencia por enfermedad y fue reemplazado por César Salinas. Él, junto a Luis Quiroz y Enrique Pacheco rechazaron el recurso de hecho pedido por Palacio y fijaron la audiencia de casación del diario para el próximo viernes. Granda debía retomar el caso el 3 de enero , pero pidió ampliación de su licencia. Finalmente, ayer renunció.
Un documento clave
Una certificación de la Superintendencia de Compañías (SC) puede tumbar el argumento del juez temporal Juan Paredes, quien condenó a El Universo. Así lo considera la defensa del rotativo guayaquileño.
El 20 de julio pasado, Paredes firmó un fallo que decía que según los estatutos sociales del diario “los directivos y representantes legales de la Compañía Anónima (C.A) El Universo, tienen la capacidad de vetar cualquier artículo que sea injurioso, mas ellos no lo hicieron porque esa es la política noticiosa y editorial del medio”.
Sin embargo, el 6 de diciembre pasado, César Pérez pidió a la Superintendencia de Compañías que certificara si los estatutos del rotativo permiten que “veten o impidan publicaciones de cualquier artículo de opinión, injurioso o no”.
Sin embargo, Miguel Martínez, secretario general de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, respondió el 19 de diciembre pasado y señaló que el pedido “no es procedente”.
El funcionario alegó que “ninguna Ley confiere competencia al Intendente de Compañías para que extienda tal acreditación”. Agregó que el Reglamento de Concesión de Informaciones y Certificaciones “sólo indica que se puede entregar información”. Por lo que, adjuntó una copia de la escritura de conformación de la compañía.
Al día siguiente de la negativa, Pérez volvió a enviar otra carta. “Insistimos en que se nos responda lo que legítimamente le hemos solicitado, porque la respuesta recibida -con tantas palabras de por medio- más bien parece una evasiva por demás elocuente”, escribió.
La abogada de los directivos, Mónica Vargas, dijo que “ellos (la SC) son competentes, (pero) lo que quieren es no contestar”. “El juez (Paredes) confirma de una manera mentirosa que los directivos pueden vetar. Eso es imposible porque la Constitución prohíbe la censura previa”.
El pronunciamiento de la Superintendencia también es importante en la indagación previa que sigue la Fiscalía del Guayas contra Paredes.
