La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, se refirió a los funcionarios que están incluidos en la investigación ‘Panama Papers’ y los intereses por una candidatura. Foto: Marios Faustos/ EL COMERCIO
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, aseguró la mañana de este viernes 1 de julio del 2016 que el pacto ético que propone el presidente Rafael Correa para quienes tienen compañías ‘off shore’ en paraísos fiscales no solo debe ser para quienes aspiran a una candidatura, sino que debe incluir a todo funcionario público.
“He sido absolutamente clara y tajante en decir que todo funcionario público inmiscuido en un paraíso fiscal debe dar un paso al costado y eso debería ser una posición ética de todos los que ejercemos la actividad pública”, recalcó la asambleísta en un conversatorio con la prensa en la Casa Legislativa de Guayas, en el centro de Guayaquil.
Días atrás, la legisladora socialcristiana Cristina Reyes pidió que se investigue a la exfuncionaria de la Asamblea, Michelle Artieda, quien, dijo, aparece en los llamados papeles de Panamá y en cuya declaración patrimonial no incluyó acciones en una empresa registrada en ese país mediante el agente Mossack Fonseca.
Artieda respondió que dicha empresa no estaría actualmente activa y nunca realizó ninguna inversión, por lo que no habría incumplido la ley al no incluir este bien en su declaración juramentada, mientras era coordinadora de Relaciones Internacionales en el Palacio Legislativo.
Rivadeneira, sin precisar detalles, comentó: “hemos sido claros en la lucha y exigencia a todos los funcionarios de que todos podamos responder dentro de los ámbitos de investigación”.
Añadió que también hay un llamamiento al sector privado, pues dijo que el país en este momento necesita unos USD 3 300 millones para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y que tienen más de USD 33 000 millones en paraísos fiscales.
“No dudamos que eso sea legalmente establecido, pero con qué derecho esa legalidad incurre en la legitimidad cuando esos representantes (del sector privado) son muchos de ellos precandidatos presidenciales. Gracias a este pacto ético ya se había desistido de una candidatura, pero también está el representante de la banca”, expresó.
En la jornada, la presidenta del legislativo también habló sobre el caso de la asambleísta Esperanza G. y aseguró que durante los más de 12 meses de su privación de libertad, ha sido su alterno quien ha recibido la remuneración correspondiente a las sesiones de Consejo y de Pleno.
“Lo que percibía la asambleísta Esperanza G. era el mínimo proporcional que quedaba después de cancelar los rubros por asistencia a la comisión y Pleno del asambleísta alterno que es principalizado”, anotó.
Agregó que no se pudo actuar antes por un vacío legal, pues la Ley Orgánica de la Función Legislativa no tiene una figura para la destitución sin que haya una sentencia ejecutoriada.
