La Fiscalía General inició este domingo, 27 de marzo del 2022, una investigación previa por los hechos denunciados por el Presidente de la República. La entidad dijo que tiene esa potestad “de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales”.
Ayer (26 de marzo del 2022), el presidente Guillermo Lasso remitió una carta formal a Diana Salazar, fiscal General del Estado, para que inicie investigaciones contra cinco asambleístas y un asesor por presunta concusión.
Según el Primer Mandatario, los legisladores habrían solicitado beneficios económicos a cambio de su voto a favor del proyecto de Ley de Inversiones.
A través de un comunicado, la Fiscalía aseguró que llevará adelante “una investigación objetiva que reúna elementos de convicción, de cargo y de descargo, que le permita decidir si formula o no una imputación penal”.
Además, la entidad indicó que las actuaciones de Fiscalía en este caso serán reservadas, pues se trata de una investigación previa.
Lasso reveló los nombres de los cinco asambleístas y un asesor, quienes habrían incurrido en un presunto acto de corrupción.
Denuncia de Guillermo Lasso
En una carta, que el Presidente envió a Salazar, se detalla que “durante el mes de marzo de 2022, en una reunión de carácter político mantenida por colaboradores de este despacho con los asambleístas: Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, así como el asesor legislativo de este último, Marcelo Rosero, por asuntos relacionados con la tramitación en la Asamblea Nacional del proyecto de Ley (de Inversiones), aquellos legisladores habrían pedido beneficios económicos para sí a cambio de consignar su voto a favor del antedicho proyecto de ley”.
La Fiscalía también hizo un llamado a los ciudadanos “que puedan aportar con elementos que contribuyan al desarrollo de esta investigación, a que los pongan en conocimiento de la Institución, para procesar a los responsables y evitar la impunidad”.
Reacción ante la denuncia
Los cinco asambleístas denunciados son de la bancada de Pachakutik. Gissella Molina, es una de ellas. Este 27 de marzo del 2022, ella criticó la denuncia de Lasso. Dijo que la acusación es equivoca y que refleja “inmadurez política porque yo voté para que no se archive el proyecto, a diferencia de mis otros compañeros. Yo he votado para que se puedan hacer las reformas en el proyecto”.
¿Qué es la concusión?
El artículo 281 del Código Integral Penal establece que ese delito se configura cuando servidores públicos “abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenan o exigen la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas”.
El delito de concusión se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años.