A las 10:35, Alfonso Luz Yúnez, juez de la Corte Constitucional, dio por terminada la audiencia, convocada para hoy, para escuchar criterios en torno a las reformas al Código de la Democracia.
Hoy únicamente participaron dos de los invitados: el jurista Gustavo Medina, ex Procurador General del Estado, y Fernando Alvarado, secretario de Comunicación del Régimen.
Alvarado dijo que el llamado “Código de la Democracia” evita el “abuso” histórico de los grandes medios de comunicación, que a su juicio han “aupado” a ciertos aspirantes.
El funcionario de Comunicación se basó en la Constitución, habló de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al derecho a tener acceso en concisiones de igualdad a la información diversa y plural.
“Desde hace muchas décadas los medios han privilegiado a sus candidatos”, dijo Alvarado. “Básicamente han tratado de legitimar entre la población sus intereses grupales o individuales por sobre los de la nación”, añadió.
En varias oportunidades dijo que “hay varios ejemplos de que se ha generalizado una parcialización política de los medios de comunicación”. Indicó que durante la veda electoral hubo medios como la revista Vistazo, que supuestamente, se pronunciaron en favor del no a la consulta popular, realizada el 7 de mayo del 2011. Repitió que la reforma al Código de la Democracia no estaba basada en prohibiciones a los medios y que era mal interpretada por los grupos políticos con intereses.
Recordó que Carlos Vera, ex presentador de Ecuavisa y activista político, dice que él hizo a Rafael Correa presidente. “Tácitamente indica que él lo promocionó, que puso más peso a un candidato de su preferencia”.
Mientras, Medina centró su participación en un debate constitucional. Aclaró varias veces que no tiene ningún tipo de bandera política. “Esta reforma no tiene sustento constitucional y vulnera el principio de igualdad de voto“, señaló en torno a los métodos de asignación de escaños, para asambleístas nacionales y provinciales. Recalcó que la Carta Magna era clara en cuanto a decir que el sistema deber ser proporcional.
También criticó que en el veto del presidente Rafael Correa se haya incluido textos que no fueron contemplados en los debates en el Pleno de la Asamblea, como el relacionado a las restricciones que podría tener la prensa durante la campaña electoral.
A las 10:35, nadie más asistió a la audiencia y Luz Yúnez señaló que mañana continuarán las intervenciones. Y afirmó que en unos 15 días tendrá una resolución a las cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas.
Cinco minutos después, Alfonso Espinosa de los Monteros, presentador de Ecuavisa, quien era uno de los invitados. Él dijo no haber sido convocado oficialmente, pero anunció que participará mañana.
La Corte analiza actualmente cinco demandas contra el Código, presentadas por gremios periodísticos y partidos políticos, que aseveran que viola los derechos fundamentales.
La ley establece que durante la campaña electoral los medios “se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opiniones, preferencias electorales o tesis política”.
Tras la audiencia de hoy, que duró aproximadamente una hora, Vicente Ordóñez, el presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), una de las entidades demandantes, afirmó a la prensa que “se está impidiendo ejercer un derecho a los comunicadores sociales en el momento de trasmitir informaciones en tiempos de elecciones”.
Ordóñez dijo que la UNP defiende el derecho del ciudadano “a estar bien informado” durante la campaña y el de los periodistas a elaborar sus noticias “sin condicionamientos y sin censuras previas”.
En cambio, Alvarado indicó que abstenerse de promocionar a un candidato, como dice la ley, “es totalmente diferente a informar” y aseveró que la norma asegura que todos los candidatos “puedan tener igual de posibilidades”, sin importar si tienen más o menos “recorrido”.
Además, afirmó que el Código garantiza que los medios públicos, “que dicen que podrían estar manejados por el gobierno”, den los mismos espacios a candidatos opositores.
Hernando Morales, uno de los miembros de la Corte, criticó la intervención de Alvarado, pues consideró que los comparecientes deben ceñirse a hablar “de la constitucionalidad” de la ley.
“Si nosotros vamos a traer posiciones ideológicas sobre los medios de comunicación, no ayudan”, afirmó.
Le respaldó Nina Pacari, otra integrante del tribunal, quien dijo a la prensa que los testigos deben aportar “argumentación jurídica”, porque si no “se encierra en dimes y diretes del ámbito ideológico político”.
La ley establece que para los representantes nacionales se usará el método Webster y para los parlamentarios regionales el sistema DHont.
Políticos de oposición mantienen que el método DHont favorece a Alianza País, el movimiento oficialista, pues da más escaños a los partidos grandes.
La nueva ley también relaja la prohibición de realizar publicidad oficial, al permitir la promoción de proyectos públicos en ejecución y cuando se requiera informar de “temas de importancia nacional”, como campañas de salud, seguridad “u otras de naturaleza similar”.
Medina afirmó que esa prohibición constitucional “no admite excepciones”, las cuales “pueden ser materia de abuso”, alertó.
La primera vuelta de las elecciones presidenciales tendrá lugar en febrero de 2013. Se prevé que el actual mandatario, Rafael Correa, se presente a la reelección, aunque no ha hecho un anuncio oficial.