
La Feria Internacional del Libro de Quito (FILQ) 2026 se convirtió en un punto de discusión entre el Municipio y el Gobierno Nacional. En pocos días, las posiciones de ambas autoridades se enfrentaron en torno a la reforma al Cootad, su aplicación y el uso de recursos para eventos culturales.
El 25 de marzo, la Secretaría de Cultura de Quito informó que la FILQ 2026 no se realizará.
Según el comunicado, la decisión se relaciona con la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), vigente desde el 23 de febrero de 2026.
El Municipio señaló que la normativa redefine los criterios de inversión prioritaria y limita el uso de recursos para eventos culturales. Indicó que la feria contaba con un presupuesto aprobado de 416 262 dólares, pero que la ley impide utilizar esos fondos.
También explicó que la restricción afecta a la partida destinada a espectáculos culturales y sociales, lo que incide en la ejecución de la feria y de otros eventos.
El 26 de marzo, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó en un comunicado que la Feria Internacional del Libro de Quito se realizará en articulación con la Cámara Ecuatoriana del Libro y la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo.
Según el documento, el evento forma parte de la política nacional de fomento a la lectura, la oralidad y el acceso al libro.
El Ministerio señaló que la feria busca fortalecer el ecosistema editorial, promover el acceso a contenidos culturales y dinamizar la economía creativa.
Minutos después, ese mismo 26 de marzo, la viceministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz Procel, indicó en la red social X que no se han eliminado partidas ni reducido recursos para arte y cultura.
También señaló que el Gobierno Central mantiene transferencias por alrededor de 90 millones de dólares para competencias culturales y patrimoniales.
En su pronunciamiento, sostuvo que la reforma al Cootad se aplica desde el 1 de junio de 2026, según disposiciones transitorias.
Además, atribuyó la suspensión de la feria a falta de planificación y no a una restricción derivada de la ley.
El 27 de marzo, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció en la red social X.
Indicó que la organización de la FILQ 2026 empezó tras la edición anterior, con la definición del país invitado, el contacto con escritores y la coordinación con editoriales.
Señaló que el Municipio aprobó un presupuesto superior a los 400 mil dólares, pero que no se puede ejecutar por las restricciones legales.
El alcalde explicó que la reforma redefine el concepto de inversión prioritaria y que las actividades culturales no se incluyen dentro de ese tipo de gasto.
En ese contexto, detalló que la partida 73 02.05, correspondiente a espectáculos culturales y sociales, no computa como inversión prioritaria, lo que impide financiar la feria.
También sostuvo que la aplicación de la reforma en 2026 afecta un presupuesto aprobado por el Concejo de Quito a finales de 2025.
Las posiciones del Municipio y del Gobierno muestran interpretaciones distintas sobre la reforma al Cootad.
El Municipio vincula la cancelación de la feria con la normativa vigente y sus efectos en el presupuesto. El Gobierno señala que no existe impedimento legal y que el evento forma parte de la política de fomento a la lectura.
El tema se desarrolla con declaraciones públicas de ambas autoridades y con diferencias sobre la aplicación de la ley y el manejo de los recursos para cultura.
Para Pablo Villalva, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador y exdirector de Política Pública de Emprendimiento de Artes e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en esta discusión hace falta revisar qué dice la ley sobre quién debe organizar la Feria del Libro.
Según explicó, existe una disposición que señala que el Ministerio de Educación y Cultura, junto con la Cámara Ecuatoriana del Libro, debe encargarse de las ediciones anuales de la feria.
También indicó que el Municipio organizó el evento en años anteriores por una situación puntual, pero que esa no es su competencia principal dentro del sistema cultural.
Villalva señaló que el debate no debería centrarse solo en quién organiza la feria. Según dijo, también es necesario mirar la política pública sobre lectura y cultura.
Mencionó que, de acuerdo con estudios, en Ecuador muchas personas no leen ni un libro al año.
Además, explicó que el libro no debería analizarse de forma aislada. Señaló que en otros países la literatura se conecta con el cine, la música o la televisión, lo que facilita el acceso a la lectura.
A su criterio, esa conexión no se evidencia en Ecuador, donde los sectores culturales funcionan de forma separada.
También indicó que la discusión actual deja de lado temas como la creación de espacios culturales, la integración entre sectores y el desarrollo del ecosistema cultural.