
La primera sesión dentro de la fase de pruebas del juicio político contra la exministra de Energía Inés Manzano está prevista para este 14 de julio, a las 15:00. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, anunció la convocatoria.
El calendario de este proceso fue aprobado el 13 de julio por la mesa legislativa. La solicitud de juicio político fue presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, integrantes de la bancada Revolución Ciudadana (RC).
Desde el domingo 12 de julio corre el plazo de 10 días para la práctica de pruebas. Durante esta etapa podrán participar Manzano y sus abogados, así como los legisladores que impulsan la interpelación.
Los integrantes de la Comisión de Fiscalización escucharán a los testigos solicitados por las partes y revisarán la documentación y el material audiovisual presentados dentro del proceso.
Manzano también podrá exponer sus alegatos finales, mientras los interpelantes presentarán de forma verbal su acusación.
La Revolución Ciudadana pidió recibir las versiones del ministro de Infraestructura, Roberto Luque; del exministro de Energía Antonio Goncalves; y del exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Fabián Calero.
Los proponentes señalan presuntas omisiones de Manzano en la contratación de Austral Technical Management (ATM), empresa que entregó generadores eléctricos usados y defectuosos durante la crisis eléctrica de 2024.
De acuerdo con los legisladores interpelantes, ese contrato habría causado pérdidas cercanas a los 70 millones de dólares.
Durante la sesión del 13 de julio, la comisión también trató los pedidos de la Revolución Ciudadana para agregar nuevos elementos al expediente y una solicitud formulada por la defensa de Manzano.
Los interpelantes buscaban incorporar el expediente completo de un examen especial de la Contraloría General del Estado, el informe sobre el caso Progen aprobado en diciembre de 2025 por la Comisión de Transparencia y otras 11 comparecencias.
Ana Belén Tapia, legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN), propuso negar esas nuevas pruebas y que la Comisión de Fiscalización gestione el documento relacionado con el arbitraje. La moción recibió seis votos del oficialismo y cuatro abstenciones de la Revolución Ciudadana.
Los legisladores oficialistas argumentaron que la documentación ya se conocía antes del 17 de junio, fecha en la que se presentó el juicio político, pero no fue incluida en ese momento.
La bancada correísta sostuvo que las pruebas sí habían sido anunciadas al plantear el proceso e insistió en incorporar los documentos completos.
Los abogados de Manzano pidieron el ingreso del documento íntegro de un arbitraje que se tramita en la Cámara de Comercio de Quito sobre el caso ATM.
La asambleísta Ana Herrera, de la Revolución Ciudadana, señaló que la solicitud de pruebas de oficio corresponde a la Comisión de Fiscalización y no a la persona sometida al juicio político.
Después de concluir la fase de pruebas, la comisión tendrá cinco días para elaborar su informe. Ese plazo podrá ampliarse por cinco días adicionales.